El permiso especial que benefició a más de medio millón de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela podría cesar este mes, dejando en el limbo a quienes huyeron de crisis extremas
Estados Unidos. – Miles de migrantes haitianos podrían verse obligados a abandonar voluntariamente Estados Unidos antes del 30 de abril, si no cuentan con otra protección legal que les permita permanecer en el país.
La situación surge ante la inminente finalización del programa de permiso humanitario implementado por la administración del presidente Joe Biden, una medida que desde su inicio ha permitido el ingreso legal de más de medio millón de personas provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Según datos oficiales, hasta diciembre de 2024 —último mes completo de gestión administrativa antes del cambio de mandato— habían ingresado a Estados Unidos 531,690 ciudadanos bajo este programa.
De ese total, 211,040 eran haitianos, lo que representa un 40 % del total de beneficiarios. La cifra refleja la magnitud del éxodo provocado por la aguda crisis sociopolítica y humanitaria que afecta a Haití.
La medida estipula que quienes no logren una prórroga judicial o no cuenten con un estatus legal alternativo deberán gestionar su salida voluntaria mediante la aplicación CBP Home, ampliamente promovida por el gobierno federal, o exponerse al riesgo de ser detenidos y deportados de manera expedita por las autoridades migratorias.
El trasfondo de esta situación es particularmente complejo para los ciudadanos haitianos. Muchos de ellos accedieron al permiso humanitario como única vía de escape frente al deterioro absoluto de su país, donde las pandillas armadas controlan más del 80 % de la capital, Puerto Príncipe.
Haití no ha celebrado elecciones generales desde 2016, y se estima que más de un millón de personas han sido desplazadas internamente debido a la violencia.
Organizaciones de derechos humanos, líderes comunitarios y defensores de migrantes han solicitado al gobierno estadounidense reconsiderar la medida, advirtiendo que forzar el retorno de estas personas equivaldría a enviarlas de vuelta a una zona de guerra no declarada, donde su integridad física y su vida estarían en riesgo.
Hasta el momento, se desconoce si un juez federal detendrá la aplicación del fin del programa o si se abrirán nuevas vías de regularización migratoria.
Mientras tanto, la incertidumbre pesa sobre las miles de familias que llegaron a Estados Unidos con la esperanza de un nuevo comienzo y que ahora se enfrentan al temor del retorno forzoso.
