Santo Domingo, República Dominicana. – El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha redoblado sus esfuerzos para combatir los delitos ambientales en República Dominicana, imponiendo más de 500 millones de pesos en multas durante los últimos seis meses, según informó el ministro Armando Paíno Henríquez.
Estas acciones forman parte de un plan integral de protección ambiental que también ha logrado más de 1,000 sometimientos a la justicia e incautaciones de 800 mil metros cúbicos de agregados.
Estos resultados representan un avance significativo en comparación con años anteriores. En 2019, las multas impuestas por delitos ambientales sumaron apenas 39 millones de pesos, mientras que, en la presente gestión, se han quintuplicado en solo medio año.
Delitos ambientales más comunes y medidas preventivas
Entre los principales delitos ambientales sancionados están la extracción ilegal de agregados en ríos y montañas, la deforestación y la ocupación de áreas protegidas para actividades agrícolas o comerciales. Según expertos, estos delitos tienen un impacto directo en la degradación de ecosistemas, la contaminación de fuentes de agua y el aumento de la vulnerabilidad ante fenómenos naturales.
El Ministerio ha implementado procesos penales contra los responsables de los delitos más graves, a fin de crear un precedente que desincentive este tipo de prácticas. Henríquez aseguró que la meta no es solo sancionar económicamente, sino también fortalecer el marco legal para combatir estas infracciones con mayor efectividad.
Tecnología e inteligencia artificial para una mayor transparencia
Uno de los pilares clave de esta estrategia es la creación del Sistema Nacional de Fiscalización, una plataforma digital que integrará inteligencia artificial para garantizar la transparencia y evitar actos de corrupción. Con esta herramienta, cada inspección será monitoreada desde la oficina central del Ministerio, asegurando la trazabilidad de los casos desde su apertura hasta su cierre.
“Sabemos los problemas que hemos vivido en el pasado, y estamos trabajando para que esta plataforma permita un monitoreo constante y elimine las manipulaciones o malas prácticas”, subrayó Henríquez durante su participación en el desayuno mensual de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
El sistema digital también reducirá el uso de papel, eliminando así la burocracia que en muchas ocasiones dificulta la respuesta oportuna a las denuncias ambientales. Además, permitirá plazos fijos para el seguimiento de los casos, evitando que se pierdan en el proceso administrativo.
Déficit de personal y expansión del Servicio Nacional de Protección Ambiental
A pesar de estos avances tecnológicos, el ministro reconoció que uno de los mayores retos es la falta de personal en el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA). Actualmente, el país cuenta con solo 150 agentes para la protección ambiental, cuando las necesidades reales superan los 1,000 efectivos.
Para mitigar esta situación, el ministerio abrirá dos nuevos campamentos de prevención de incendios forestales en las regiones norte y sur del país. Estas unidades tendrán la misión de fortalecer la capacidad de respuesta ante incendios y capacitar al personal local en la prevención y manejo de desastres ambientales.
La sostenibilidad: Clave para el futuro empresarial
En el encuentro, el empresario Julio Brache destacó la importancia de adoptar prácticas sostenibles no solo como una medida regulatoria, sino también como una ventaja competitiva para las empresas. “La sostenibilidad es un elemento clave para innovar y operar de manera responsable en un mercado cada vez más exigente”, afirmó Brache, resaltando que el sector privado debe alinearse con las políticas de protección ambiental para garantizar su permanencia en el mercado.
Reacciones de expertos y organizaciones ambientales
Organizaciones ambientalistas han elogiado las nuevas medidas del Ministerio, pero también llaman la atención sobre la importancia de fortalecer la educación ambiental en las comunidades más vulnerables. Según un informe reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la falta de conciencia ciudadana y la débil aplicación de las leyes ambientales han sido históricamente los mayores obstáculos en la protección de los recursos naturales del país.
“Estas sanciones son un paso importante, pero es fundamental que las comunidades entiendan el valor de los recursos naturales y se conviertan en aliados de la protección ambiental”, indicó Rosa Méndez, especialista en gestión ambiental.
Hacia un modelo de desarrollo sostenible
El Ministerio de Medio Ambiente reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo sus capacidades de fiscalización y de trabajar en conjunto con el sector privado y la sociedad civil para garantizar un desarrollo sostenible. “La protección del medio ambiente no es solo responsabilidad del Estado; es un deber de todos”, concluyó el ministro Henríquez.
