Dos camiones y un minibús fueron incautados en La Vega cuando, según el Ministerio Público, eran utilizados para transportar cigarrillos de contrabando.
Santo Domingo. – La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega declaró la extinción de dominio sobre tres vehículos utilizados para transportar cigarrillos de contrabando y ordenó su entrega al Estado dominicano, informó el Ministerio Público.
De acuerdo con el órgano acusador, se trata de la primera sentencia emitida bajo la Ley 340-22 desde la entrada en vigencia de esa normativa y la creación de la Unidad de Extinción de Dominio.
La decisión alcanza dos camiones y un minibús incautados el 4 de julio de 2025 durante un operativo realizado en la comunidad La Penda, provincia La Vega.
La intervención estuvo a cargo de miembros de la Unidad de Erradicación del Comercio Ilícito del Ministerio Público y del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías.
Tribunal acoge evidencias sobre uso de los vehículos
El Ministerio Público estuvo representado durante el proceso por la Unidad de Extinción de Dominio y la Procuraduría Regional de La Vega.
Según la información oficial, los fiscales presentaron evidencias para establecer que los vehículos eran empleados en el transporte de mercancías ilícitas.
La sentencia dispone que pasen a propiedad del Estado un camión marca Mack, otro marca Eicher y un minibús Toyota Town Ace.
Los camiones corresponden a los modelos MS300P y PRO3008G, fabricados en 1996 y 2021, respectivamente. El minibús Toyota Town Ace fue fabricado en 2019.
El comunicado no identifica a los propietarios de los vehículos ni precisa la cantidad de cigarrillos transportados al momento de la incautación.
Una acción dirigida contra bienes ilícitos
La extinción de dominio es un procedimiento autónomo que permite al Estado reclamar bienes cuyo origen o utilización esté relacionado con actividades ilícitas, sin depender necesariamente de una sentencia penal contra su propietario o poseedor.
La Ley 340-22 establece que pueden ser perseguidos los bienes ilícitos localizados en territorio dominicano y aquellos ubicados en otros países cuando existan acuerdos de cooperación internacional que permitan actuar sobre ellos.
La normativa tiene como finalidad recuperar para el Estado bienes y activos obtenidos mediante actividades ilícitas o utilizados por estructuras vinculadas con el crimen organizado.
El Ministerio Público indicó que la decisión abre la aplicación judicial de esta figura en el país y que continuará los procesos dirigidos a identificar y recuperar activos relacionados con actividades delictivas.
