Durante la audiencia, se incorporaron informes periciales financieros que evidencian el presunto desvío de fondos públicos a través de prestanombres y entidades religiosas.
Santo Domingo. – El Ministerio Público continuó este martes con la incorporación de pruebas en el juicio que se sigue contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre y varios exoficiales militares y policiales, acusados de conformar una estructura delictiva que habría defraudado al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones.
La audiencia tuvo lugar en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde fueron escuchados peritos financieros de la Unidad de Investigación Criminal del órgano acusador.
Durante la sesión, los peritos presentaron informes periciales que fueron debidamente admitidos por las magistradas del tribunal, como parte del proceso de depuración del voluminoso expediente acusatorio.
Entre las piezas claves incorporadas se encuentra el informe núm. 122, relativo a operaciones financieras vinculadas a Santiago Antonio Suárez Peguero, y el informe núm. 130, centrado en el Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve, bajo investigación por recibir fondos mediante maniobras de triangulación financiera.
Esquema de transferencias irregulares
Según el Ministerio Público, dichos informes revelan múltiples transferencias bancarias provenientes de la Asociación Campesina Madre Tierra, propiedad de Adán Cáceres Silvestre.
Los fondos eran enviados mediante el uso de terceros (prestanombres), para luego retornar a cuentas del ministerio religioso, manejado por el entorno familiar del acusado.
Otro de los documentos incorporados —el informe núm. 133— está relacionado con la Iglesia Bautista Vida Eterna, donde se señala como única transacción relevante la emisión de un cheque de RD$9,000,000.00, girado por Cáceres Silvestre y utilizado para adquirir un inmueble en Ciudad Universitaria.
Esta operación también ha sido vinculada al presunto entramado de lavado de activos.
Más de mil evidencias aportadas
Hasta la fecha, el Ministerio Público ha presentado ante el tribunal un total de 721 pruebas documentales, 224 testigos, 61 peritajes especializados (incluyendo auditorías, análisis de patrimonio, informes financieros e informes informáticos) y 21 pruebas materiales, en su esfuerzo por sustentar jurídicamente la acusación de asociación de malhechores, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El juicio continuará el próximo martes 1 de julio de 2025, a las 9:00 de la mañana, con la presentación de nuevas pruebas por parte del órgano acusador, en un proceso que se prevé extenso dada la complejidad del expediente y la cantidad de imputados involucrados.
