El Instituto Duartiano (ID) y legisladores del Senado y la Cámara de Diputados rechazaron ayer las acusaciones hechas contra el país por Amnistía Internacional (AI), de discriminación contra los haitianos, a supuestos dominicanos descendientes de éstos y a personas de raza negra.
El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, dijo que ese organismo como otros y figuras vinculadas a agencias internacionales mantienen una activa campaña contra la nación dominicana, que daña la imagen de nuestro país y confunde a mucha gente.
El presidente del organismo patriótico manifestó que “estas mentiras se repiten constantemente, y lo peor es que la administración estatal dominicana no hace nada para revertir o contrarrestar esta cruzada aviesa contra uno de los pueblos más solidarios, como es el nuestro”.
Gómez Ramírez precisó que hace mucho tiempo que las entidades dominicanas y los ciudadanos más comprometidos con esta tierra de Duarte reclaman que se impulse desde el país una ofensiva diplomática para edificar a las principales instancias de los diferentes países y conjurar tantas mentiras contra nosotros.
Legisladores dicen hay que cumplir la ley
También ayer legisladores consideraron negativo el llamado de Amnistía Internacional. Todas las declaraciones coincidieron en que las autoridades deben dar cumplimiento a la Ley General de Migración 285-04, que establece que los ciudadanos que residan sin la documentación regularizada serán repatriados a su país de procedencia.
“El Gobierno dominicano debe ajustarse a lo que establece la Constitución y la Ley de Migración”, dijo el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan Dionisio Restituyo.
Aseguró que República Dominicana, así como los integrantes de la Comunidad del Caribe (Caricom), no están en la capacidad de servir como punto de refugio para los haitianos, quienes intentan escapar de la inestabilidad social registrada en su país.
“Canadá, Estados Unidos, España, Francia y Alemania tienen las condiciones territoriales para transportar haitianos a su territorio, hasta que se resuelva el problema en Haití. La República Dominicana, ni los países del Caricom, no pueden”, destacó el diputado nacional por el Partido Frente Amplio.
Solicitó a estos países definir un plan estratégico de 50 años que garantice la estabilidad social de Haití, “porque ellos son los creadores de esta situación”.
También el senador de Pedernales por el partido Fuerza del Pueblo (FP), Dionis Sánchez, indicó que la medida definitiva para enfrentar el conflicto en el vecino país no debe ser asumida por las autoridades dominicanas, sino por la colectividad internacional.
Sánchez señaló que Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no tienen el derecho de requerir a República Dominicana detener las deportaciones de haitianos, “ya que ningún país lo hace”.
“Nosotros tenemos la obligación de proteger nuestra soberanía y bajo ninguna circunstancia podemos detener las deportaciones de ilegales, como no lo hace ningún otro país. Por lo tanto, ni Amnistía, la ONU ni ningún otro organismo puede venir a pedirnos que hagamos más sacrificio del que hacemos con el pueblo haitiano”, dijo de manera enfática.
Al igual que estos congresistas, los diputados Sócrates Pérez, Rogelio Alfonso Genao, Ramón Ceballos, Juliana O´Neal, Mateo Espaillat también denegaron lo demandado por Amnistía Internacional.
Carta abierta dirigida al gobierno
Amnistía Internacional envió el pasado marte una carta abierta al gobierno dominicano, en la insta a poner fin a las violaciones de derechos humanos de personas haitianas, dominicanos de ascendencia haitiana y de raza negra, en la aplicación de sus políticas migratorias, que calificó de racistas.
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