Cuando la factura sube y la luz se va, la indignación deja de ser una queja doméstica y se convierte en un problema público. Eso es lo que está ocurriendo con Edenorte en Nagua y en buena parte de la provincia María Trinidad Sánchez: la gente siente que paga demasiado por un servicio que no recibe con la calidad, la estabilidad ni la continuidad que merece.
El malestar ya no cabe en las casas. Salió a las calles.
Hace unos días, el Frente Amplio de Lucha Popular convocó una protesta frente a las oficinas de Edenorte. Las velas encendidas no fueron un gesto teatral. Fueron el símbolo de una población cansada de vivir entre apagones, altas facturaciones, incertidumbre y reclamos que muchas veces parecen perderse en los pasillos de la burocracia.
A esa protesta se sumaron voces del comercio, gremios y ciudadanos que no hablan desde la comodidad de la crítica, sino desde el golpe directo que produce un servicio eléctrico deficiente. Un colmado que pierde mercancía por falta de refrigeración no está discutiendo teoría energética. Un salón, una cafetería, un taller, una panadería o una pequeña empresa que debe operar con planta, inversor o combustible adicional está viendo cómo se encarece su operación hasta volverse insostenible. Una familia que paga una factura alta y aun así pasa noches enteras sin energía tiene derecho a reclamar con firmeza.
El problema de Edenorte no puede reducirse a una explicación técnica ni a una respuesta fría de ventanilla. Aquí hay un drama humano, económico y social.
La energía eléctrica no es un lujo. Es una condición básica para estudiar, trabajar, emprender, conservar alimentos, atender enfermos, dormir con tranquilidad y sostener la vida cotidiana. Cuando el servicio falla de manera constante, no solo se apaga una bombilla. Se apaga la paciencia de una comunidad.
El Gobierno dominicano debe mirar con seriedad lo que está pasando. No basta con hablar de inversiones, planes, pérdidas o modernización si en los barrios, en los campos y en los negocios la realidad sigue siendo la misma: apagones frecuentes, facturas difíciles de entender y una sensación creciente de abuso o desamparo.
La población necesita respuestas claras. ¿Por qué suben las facturas si el servicio se interrumpe tanto? ¿Qué circuitos están siendo afectados con mayor frecuencia? ¿Cuáles averías son reales y cuáles apagones responden a programación, déficit, mantenimiento o fallas de distribución? ¿Qué mecanismos de auditoría existen para verificar consumos cuestionados? ¿Cuántas reclamaciones han recibido las oficinas locales y cuántas han sido resueltas a favor de los usuarios?
Edenorte debe explicar. Y debe hacerlo con datos, no con frases preparadas.
La Superintendencia de Electricidad y Protecom también tienen que jugar su papel con mayor presencia territorial. Los usuarios no pueden sentirse solos frente a una distribuidora poderosa, una factura impuesta y un sistema de reclamación que muchas veces se percibe lento, distante o poco efectivo. Si hay derechos reconocidos para los clientes, esos derechos deben sentirse en la práctica.
No se trata de promover desorden. La protesta social debe mantenerse dentro de los límites de la ley, sin violencia, sin daños y sin provocaciones innecesarias. Pero sería un error grave que las autoridades confundan el tono pacífico de una protesta con debilidad ciudadana. Las velas encendidas frente a Edenorte son una advertencia política y social: la gente está llegando a su límite.
Y cuando una comunidad llega a su límite por un servicio esencial, el silencio oficial puede salir muy caro.
Nagua y la provincia María Trinidad Sánchez necesitan un plan concreto, verificable y con plazos. No una visita para calmar el momento. No una reunión para tomar fotos. No una promesa más. Se necesita una mesa real entre Edenorte, autoridades provinciales, municipales, representantes del comercio, organizaciones sociales, juntas de vecinos y organismos reguladores, con compromisos públicos sobre calidad del servicio, revisión de facturación, atención a reclamaciones y reducción de apagones.
Cada factura debe ser confiable. Cada reclamación debe ser atendida con respeto. Cada avería debe tener respuesta oportuna. Cada negocio afectado merece una explicación. Cada familia que paga su servicio tiene derecho a recibirlo con dignidad.
El sistema eléctrico dominicano arrastra problemas viejos, pérdidas enormes y fallas que ningún gobierno ha resuelto por completo. Pero esa realidad no puede usarse como excusa para pedirle resignación al ciudadano. La gente no vive de diagnósticos. Vive de luz, de trabajo, de ingresos, de comida conservada en una nevera y de noches en las que sus hijos puedan dormir sin calor, sin miedo y sin incertidumbre.
Edenorte está frente a una población cansada.
El Gobierno debe escuchar antes de que la indignación crezca. La crisis eléctrica no se mide solo en megavatios, pérdidas o circuitos. También se mide en negocios que cierran, familias que se desesperan y comunidades que sienten que pagan caro por vivir a oscuras.
La luz no puede seguir llegando tarde, mala y cara.
Y la paciencia de Nagua tampoco puede seguir pagando la factura.
