El tribunal evaluará si persisten las condiciones que justificaron los 18 meses de prisión preventiva impuestos por la presunta trama de corrupción investigada mediante la Operación Cobra.
Santo Domingo, Distrito Nacional. – El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene pautado conocer este miércoles la revisión obligatoria de la prisión preventiva impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud, Santiago Hazim, y a otros cinco procesados por el presunto entramado de corrupción administrativa desmantelado mediante la Operación Cobra.
La audiencia fue fijada para las 9:00 de la mañana y estará a cargo del juez Deiby Timoteo Peguero, quien ejerce el control judicial de la investigación desarrollada por el Ministerio Público. La vista había sido aplazada el pasado 30 de julio a solicitud de las defensas, que pidieron tiempo para presentar nuevos elementos con los cuales sustentar una eventual variación de las medidas cautelares.
Los imputados que permanecen recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras son Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo.
El tribunal deberá determinar si mantiene la prisión preventiva, la sustituye por medidas menos gravosas o modifica las condiciones dispuestas en diciembre de 2025. Esta audiencia no decide la culpabilidad o inocencia de los procesados, sino que examina si continúan vigentes el peligro de fuga y los demás presupuestos utilizados para justificar su permanencia en prisión.
Defensa procura variación de la medida
El aplazamiento fue solicitado, entre otros abogados, por Miguel Valerio, representante legal de Santiago Hazim, con el propósito de completar la documentación que respaldaría una petición de cambio de la prisión preventiva por arresto domiciliario u otra medida.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, aclaró después de la audiencia anterior que el Ministerio Público no mantiene acuerdos de culpabilidad ni ha otorgado criterios de oportunidad a Hazim o a los demás procesados.
El juez Peguero había ratificado el 30 de abril la prisión preventiva al considerar que no habían variado las circunstancias que dieron origen a la medida y que persistía el riesgo de incomparecencia por la gravedad de las imputaciones. En esa decisión fijó para el 30 de julio la revisión siguiente, posteriormente trasladada al 5 de agosto.
La medida original, consistente en 18 meses de prisión preventiva, fue impuesta el 14 de diciembre de 2025, cuando el caso también fue declarado de tramitación compleja. La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó posteriormente la decisión al rechazar los recursos presentados por las defensas.
Ada Ledesma ya cumple arresto domiciliario
Ada Ledesma Ubiera formó parte del grupo enviado inicialmente a prisión preventiva, pero su situación fue modificada el 16 de julio. El juez Peguero sustituyó su reclusión por arresto domiciliario, presentación periódica, colocación de un grillete electrónico y una garantía económica de RD$20 millones.
Por esa razón, la revisión de este miércoles comprende a Hazim y a los otros cinco imputados que continúan recluidos en Las Parras, y no a siete privados de libertad como se había informado en publicaciones que repetían la composición original del expediente.
Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y el empresario Eduardo Read Estrella también permanecen bajo arresto domiciliario por disposición del tribunal.
Ministerio Público atribuye fraude superior a RD$15,900 millones
El Ministerio Público señala a Santiago Marcelo Hazim Albainy como presunto cabecilla de una estructura que habría operado dentro del Senasa mediante un comité paralelo desde el cual se controlaban contrataciones, autorizaciones, pagos y habilitaciones de prestadores de servicios de salud.
La investigación atribuye al grupo la manipulación de procesos financieros, falsificación de documentos, presentación de reclamaciones ficticias, facturación de servicios simulados y autorización de pagos presuntamente irregulares con cargo a las reservas técnicas de la aseguradora estatal.
La Pepca calcula en RD$15,921 millones el perjuicio ocasionado a esas reservas y sostiene que parte de los recursos fue movilizada mediante empresas vinculadas, sociedades utilizadas como intermediarias y operaciones bancarias dirigidas a dificultar el rastreo del dinero.
A los procesados se les atribuyen provisionalmente los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La Procuraduría sostiene que el esquema facilitaba o bloqueaba procesos administrativos a cambio de beneficios económicos y que permitió la aprobación de prestadores, programas y reclamaciones sin cumplir los controles establecidos por el sistema público de salud.
Las imputaciones corresponden a la teoría presentada por el Ministerio Público y deberán ser demostradas durante las próximas etapas judiciales. Santiago Hazim y los demás encartados conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.
