La justicia hondureña prohibió al expresidente salir del país y fijó para el 12 de agosto la audiencia que determinará si el caso Pandora II avanza a una nueva etapa judicial.
Tegucigalpa, Honduras. – El expresidente Juan Orlando Hernández enfrentará en libertad el proceso abierto en su contra por los supuestos delitos de fraude y lavado de activos, luego de que un juez hondureño rechazara la solicitud de detención provisional presentada durante la audiencia de declaración de imputado.
El Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción impuso al exmandatario la prohibición de salir del país, una caución juratoria y la obligación de permanecer bajo el cuidado y vigilancia de sus abogados, quienes deberán entregar un informe semanal sobre su condición.
La caución juratoria implica que Hernández debe comprometerse formalmente, mediante un acta firmada por las partes del proceso, a someterse a las actuaciones judiciales y no abandonar Honduras.
El tribunal fijó la audiencia inicial para el miércoles 12 de agosto, a las 9:30 de la mañana, en la sala sexta del Tribunal de Sentencia. En esa vista se examinarán los elementos aportados por la Fiscalía y se decidirá si existen fundamentos para continuar el proceso penal contra el exgobernante.
Caso será conocido por un tribunal ordinario
La causa será tramitada por el juzgado especializado y no por la Corte Suprema de Justicia, como había planteado la defensa.
El cambio quedó establecido después de que fuera declarado sin lugar el recurso presentado por los abogados de Hernández para mantener el expediente ante un juez natural de la Corte Suprema. El magistrado que inicialmente conocía la causa se había declarado sin competencia para continuarla.
La audiencia se desarrolló físicamente en instalaciones del Tribunal de Sentencia situadas en la sede de la Corte Suprema, debido a las limitaciones de espacio del Juzgado de Criminalidad Organizada. Esa circunstancia no significa que la causa permanezca bajo la jurisdicción especial solicitada por la defensa.
Hernández ha rechazado las imputaciones y sostiene que el expediente carece de fundamento jurídico. La Fiscalía, por su parte, lo señala como presunto beneficiario de fondos públicos desviados para actividades político-electorales.
Fiscalía atribuye desvío de fondos a campañas políticas
La acusación forma parte de la ampliación del caso Pandora, denominada Pandora II, presentada en octubre de 2023 por la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción.
La investigación sostiene que una estructura integrada por antiguos funcionarios autorizó y canalizó más de 288 millones de lempiras —alrededor de US$10.8 millones— desde varias instituciones estatales hacia las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista entre 2010 y 2013.
De esa cantidad, el Ministerio Público atribuye a Hernández un beneficio de al menos 62 millones de lempiras, equivalentes a unos US$2.3 millones, que habrían sido destinados a su campaña presidencial de 2013 mediante empresas de carpeta, prestanombres y contratos ficticios.
Los recursos habrían llegado a los movimientos políticos Azules Unidos y Amigos de JOH, a la sociedad mercantil La Cachureca y a responsables departamentales de la campaña del Partido Nacional, según la investigación fiscal.
Las imputaciones corresponden a la tesis del Ministerio Público y deberán ser demostradas durante el proceso. Hernández conserva la presunción de inocencia frente a estos cargos mientras no exista una sentencia firme en Honduras.
Regresó tras recibir un indulto en Estados Unidos
El exmandatario volvió a Honduras el 26 de julio de 2026, después de permanecer fuera del país desde su extradición a Estados Unidos en abril de 2022. Su regreso fue posible luego de que una orden de captura vinculada al expediente hondureño fuera suspendida en junio.
Hernández había sido declarado culpable en marzo de 2024 por un jurado federal de Nueva York y condenado tres meses después a 45 años de prisión por conspirar para introducir más de 400 toneladas de cocaína en Estados Unidos y por delitos relacionados con armas.
El presidente estadounidense Donald Trump le concedió un indulto en diciembre de 2025, decisión que permitió su salida de una prisión federal. La medida únicamente tuvo efectos sobre la condena dictada en Estados Unidos y no anuló las acusaciones pendientes ante la justicia hondureña.
La audiencia del 12 de agosto será la primera evaluación de fondo realizada después del retorno del expresidente y permitirá establecer si el expediente continúa hacia una etapa procesal posterior.
