República Dominicana supera en siete puntos el promedio regional y se sitúa entre los países latinoamericanos con mayor preocupación por la desinformación digital.
Santo Domingo. – El 83 % de los dominicanos considera que en las redes sociales circula mucha o alguna información falsa, una proporción que coloca a República Dominicana entre los países de América Latina y el Caribe con mayor percepción de desinformación en el entorno digital.
El dato figura en el Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), elaborado a partir de los resultados de Latinobarómetro correspondientes a 2024.
La percepción dominicana supera en siete puntos el promedio regional, situado en 76 %. Únicamente Uruguay, con 87 %, y Chile, con 84 %, registraron porcentajes superiores. Brasil y Colombia igualaron a República Dominicana con 83 %.
El informe advierte que la circulación de contenidos falsos o manipulados debilita las condiciones necesarias para que el debate público se desarrolle sobre una base compartida de hechos y puede aumentar la fragilidad de las democracias de la región.
La televisión también es percibida como un espacio donde circula información falsa por el 72 % de los consultados en América Latina y el Caribe, seguida por la radio, con 62 %, y la prensa escrita, con 60 %.
Mayor preocupación y una respuesta que plantea riesgos
El estudio identifica una tensión entre la necesidad de combatir la desinformación y la protección de la libertad de expresión.
En 2024, el 55 % de las personas consultadas en la región se mostró favorable a controlar la publicación de información falsa, incluso cuando esa medida pudiera limitar la libertad de expresión. El porcentaje había sido de 63 % un año antes.
En República Dominicana, aproximadamente el 65 % respaldó esa alternativa en 2024, frente a cerca del 70 % registrado en 2023, según la comparación incluida en el informe.
El PNUD señala que las opiniones favorables a restringir contenidos pueden ser volátiles y estar influenciadas por acontecimientos coyunturales, la incertidumbre política y la percepción de que determinadas plataformas difunden información engañosa.
El informe sostiene que los sectores que identifican a las redes sociales y la televisión como fuentes de noticias falsas muestran una mayor disposición a aceptar limitaciones a la libertad de expresión en nombre del derecho a recibir información correcta.
Más de un tercio cree que las redes deterioran la política
El 34.9 % de los ciudadanos de América Latina y el Caribe considera que las redes sociales empeoran la actividad política.
La percepción varía según la edad. Entre las personas de 18 a 24 años, el 26.5 % considera negativo el impacto político de las plataformas, mientras entre los mayores de 55 años la proporción supera el 40 %.
La preocupación por la presencia de información falsa, sin embargo, se mantiene elevada en todos los grupos etarios. El 67.7 % de los jóvenes de 18 a 24 años identifica contenidos engañosos en las redes, porcentaje que supera el 80 % entre los grupos de mayor edad.
Uso intensivo pese a la desconfianza
El PNUD describe una paradoja digital en la región: las redes sociales son utilizadas intensamente como fuente informativa, aunque una mayoría de ciudadanos declara desconfiar de ellas.
América Latina y el Caribe registra un promedio de tres horas y 32 minutos diarios de consumo de redes sociales, por encima de Norteamérica y Europa. Durante 2025, el 86 % de los usuarios digitales de la región utilizó estas plataformas mensualmente.
El documento indica que el 63 % de los latinoamericanos expresa poca o ninguna confianza en las redes sociales, pero entre el 57 % y el 66 % las identifica como su principal fuente de noticias.
El informe relaciona este escenario con la pérdida de confianza en los medios tradicionales y las instituciones públicas, la polarización social y la dificultad de verificar contenidos que circulan de manera rápida y personalizada.
Ante este panorama, el PNUD plantea la necesidad de fortalecer la alfabetización digital, la transparencia informativa, la capacidad ciudadana para contrastar fuentes y los mecanismos que permitan combatir la desinformación sin debilitar derechos fundamentales.
