Defensas de Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta provocan suspensión de la audiencia prevista para hoy.
Santo Domingo.- La audiencia preliminar del caso Operación Calamar fue aplazada para el 2 de mayo, luego de que las defensas de los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta recusaran a la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, explicó que la magistrada advirtió que este tipo de acciones podría constituir un litigio temerario, conforme establece el Código Procesal Penal, señalando además la posibilidad de que las recusaciones se estén utilizando como una estrategia dilatoria.
Según detalló Ortiz, la recusación fue iniciada por la defensa de Gonzalo Castillo, quien recurre a este recurso por segunda vez. Posteriormente, se sumaron los representantes legales de Donald Guerrero y José Ramón Peralta.
El incidente surgió tras la decisión de la jueza de permitir que el Ministerio Público presentara de forma resumida la acusación, lo que provocó el rechazo de los imputados.
Veinte personas imputadas en Operación Calamar
El Ministerio Público imputa a veinte personas en el expediente de Operación Calamar, acusándolas de sustraer más de 19,000 millones de pesos al Estado dominicano a través de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y el presunto financiamiento ilícito de campañas políticas durante el proceso electoral de 2020.
Además de Castillo, Guerrero y Peralta, el expediente involucra al excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; y a los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Los cargos incluyen asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos.