El regidor capitalino es señalado junto a otros dos dominicanos como parte de una supuesta red internacional que operaba entre Estados Unidos y República Dominicana.
Santo Domingo.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó este lunes que ha iniciado un proceso disciplinario contra el regidor del Distrito Nacional, Edickson Herrera, conocido como “Yeyea”, luego de que circulara una denuncia extraoficial que lo vincula con una solicitud de extradición emitida por el Tribunal del Distrito Sur de Florida, por presunta participación en actividades relacionadas al narcotráfico internacional.
De acuerdo con los reportes difundidos, junto a Herrera también han sido solicitados los dominicanos José Eduviges Aponte Torres, alias “Buby”, y William Durán Jerez, quienes supuestamente integraban una estructura de narcotráfico que operó entre mayo de 2020 y noviembre de 2022, con base en Miami-Dade, República Dominicana y otras jurisdicciones.
Reacción del partido oficialista
Aunque las autoridades dominicanas no han confirmado ni desmentido la solicitud de extradición, el PRM emitió un comunicado oficial donde afirma que el caso ha sido asumido por el Fiscal Nacional del partido, a fin de “iniciar los procedimientos disciplinarios de lugar” conforme a lo establecido en sus estatutos.
“El Partido Revolucionario Moderno reafirma su firme compromiso con los valores éticos, la legalidad y la transparencia”, indica el documento, subrayando que es la única organización política del país que contempla la “expulsión inmediata de cualquier miembro involucrado en crimen organizado, narcotráfico o actos de violencia de género”.
Suspensión y posible expulsión
La organización oficialista recordó que el Artículo 65, Párrafo V de sus estatutos establece la suspensión automática de la militancia para cualquier dirigente o miembro contra quien se dicte auto de apertura a juicio por delitos de corrupción, crimen organizado o violencia intrafamiliar. En caso de una sentencia condenatoria, la expulsión es automática.
Finalmente, el PRM recalcó que “cada ciudadano es responsable de sus actos personales frente al Estado” y que “las conductas criminales o antijurídicas son repudiadas por nuestra organización”.
