A fin de atender todas las denuncias de delitos electorales en los procesos electivos venideros, todos los fiscales del país estarán trabajando en la persecución de las prácticas ilícitas como lo es la compra de votos y otras actividades que son sancionables y penadas por la Ley.
Así lo aseguró ayer el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien ayer se reunión con el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) a fin de coordinar las acciones a tomar y establecer las responsabilidades que le corresponden a cada una de las instituciones, incluido también el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Al concluir el encuentro, el titular del órgano persecutor de justicia precisó que aunque la Ley 15-19 manda a instalar la Procuraduría Especializada Contra Delitos Electorales, esta figura no es indispensable en este momento porque la función de ésta es asesorar y dar asistencia a las distintas fiscalías que son los órganos operativos.
“Donde suceda un delito, pues los fiscales titulares en esa jurisdicción pues estarán encargados de investigarlos y perseguirlos, de recibir las denuncias que tengan a bien colocar las partes interesadas, la Junta Central Electoral o aquellos otros que indica la Ley. De nuevo, le estamos reiterando que estamos trabajando y continuaremos trabajando con la Junta y otras entidades”, dijo.
JCE llama irresponsable a partidos
“No menos importante, que sé que ha sido de mucho interés el tema de la Procuraduría Especializada en Delitos Electorales, por favor observen que la Ley que lo crea contempla que se crea bajo el mandato de la Ley Orgánica del Ministerio Público y la misma en sus artículos 53 y 54 que son órganos de cooperación, de asesoría y de asistencia a las fiscalías titulares y las fiscalías titulares se encuentran listas para poder recibir las denuncias”, agregó Rodríguez.
Al tomar la palabra, el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, abogó por que en esta ocasión las personas y las instituciones denuncien los delitos electorales que definió como “actividades despreciables y disolventes del principio de igualdad en la democracia”, debido a que, según afirmó, en el país nunca ha habido ninguna querella, ni ningún tribunal ha condenado a nadie por actos ilícitos de esta naturaleza.
Enfatizó que llegó la hora porque lo que ha pasado en República Dominicana es una irresponsabilidad de la clase política porque sólo ha denunciado y no han hecho nada. “Y lo digo responsablemente”, resaltó.
“Debe ser la primera vez, que en la historia de la democracia dominicana que para el tratamiento de un tema de esta naturaleza que para el tema de los delitos electorales, tiene lugar una reunión de este tipo”, puntualizó Castaños Guzmán, al tiempo que mencionó que dicho encuentro es un “gran salto”.
Vicepresidenta deplora
Ayer diversos actores políticos y miembros de la Iglesia condenaron la práctica ilícita de la compra de voluntades de los ciudadanos en los procesos electorales.
Tal fue el caso de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, quien deploró dicha práctica que se efectúa en el país y llamó a todos los sectores nacionales a apoyar la campaña puesta en marcha por la Junta Central Electoral (JCE) para detener esa acción que lesiona la democracia dominicana.
Al pronunciar el discurso central en el acto de lanzamiento del Laboratorio de Innovación para la Democracia (InnovaLab), la Vicemandataria señaló que es preocupante que cada vez menos personas crean en las instituciones democráticas y más ciudadanos se declaren indiferentes al tipo de régimen en el que viven.
“Este escenario es propicio para que nos unamos a esa campaña de la Junta Central Electoral, llamando a los electores a que bajo ninguna circunstancia, acepten prebendas a cambio de su voto.
Yo reconozco que es difícil cambiar ese aspecto de la cultura política, y que partidos y políticos son culpables por igual de que esto suceda. Pero como sociedad tenemos que superar poco a poco ese lastre que representa la venta de votos para nuestra democracia”, enfatizó.
Masalles expresa su preocupación
Mientras que, el obispo de la Diócesis de Baní, monseñor Víctor Masalles, se mostró preocupado de que en caso de que se cree la Procuraduría Especializada Contra Delitos Electorales, como se ha estado exigiendo, la misma no cumpla con su rol y no someta a quienes incurran en prácticas ilegales en este proceso electoral.
“Es muy bonita crearla, el problema es que se ejecute, es como en todo cuando haya un tribunal para esto. Queremos ver la primera cabeza que ruede, es decir, el primero que viole”, expresó ayer.
Tras oficiar una misa con motivo del octavo aniversario del Tribunal Constitucional, el prelado indicó que si esta procuraduría no cumpliera con su responsabilidad de velar para que la ley no sea violada, entonces sería un “parapeto”.
“Ternemos que ver quién es que está rompiendo la ley y esa persona ser castigado hay una ley para eso entonces tenemos que tener un tribunal que pueda ayudarnos a que se cumpla esa ley, porque si no esa ley será siempre eso, lo que nosotros queramos, aquello de que hecha la ley, hecha la trampa… y no dejamos que el proceso institucional se desarrolle”, agregó.
Masalles afirmó que le apena que “no ha habido nadie que sea procesado y ha habido un motón de violaciones”.
El religioso sostuvo, además, que la problemática no es la Ley, sino que ésta se cumpla verdaderamente, “porque nosotros hablamos mucho y el problema es ejecutar para que la ley se cumpla y eso no es problema de tener mandarrias sino tener simplemente un sistema que sea transparente y que se cumpla y que si alguna viola algún precepto de la ley en este respecto que sea procesado”.
Organizaciones han demandado atención
La solicitud de que se persigan los delitos electorales y de que se evite la compra de cédulas ha sido una demanda constante en las últimas semanas. El pasado miércoles, una comisión de Manifiesto Ciudadano por un Sistema Electoral Transparente solicitó al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, convocar con urgencia al Consejo Superior del Ministerio Público, a fin de que designe al titular la Procuraduría Especializada para Asuntos Electorales. La Finjus propuso un acuerdo entre los partidos políticos del país el movimiento Marcha Verde demandó que se excluyan del proceso electoral a los candidatos que reciben dinero ilícito.
