La reforma cambia la escala de contribuciones de las empresas, toma como base los ingresos brutos y eleva el pago máximo hasta RD$2.2 millones.
Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 36-26, que modifica el régimen de contribuciones establecido en la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, en medio de cuestionamientos de organizaciones empresariales por el alcance de los nuevos pagos y la rapidez con que la iniciativa fue aprobada en el Congreso Nacional.
La normativa cambia la escala de aportes que deben realizar las empresas al sistema de gestión de residuos sólidos, tomando como referencia los ingresos brutos anuales y no las utilidades reportadas.
Uno de los cambios principales amplía el primer tramo de contribución. Las empresas con ingresos anuales de hasta RD$5 millones deberán pagar RD$5,000, mientras que el esquema anterior establecía RD$3,000 para compañías con ingresos de hasta RD$1 millón.
La ley mantiene en RD$6,000 la contribución para empresas con facturación anual entre RD$5 millones y RD$10 millones, y reajusta los montos para los demás tramos de ingresos.
El cambio de mayor impacto se concentra en las compañías con ingresos superiores a RD$100 millones. La reforma elimina la contribución fija de RD$675,000 y establece una escala progresiva que va desde RD$400,000 hasta RD$2.2 millones, dependiendo del nivel de facturación.
La nueva legislación también dispone que empresas que no registren ganancias deberán pagar la contribución correspondiente, debido a que el cálculo se realiza sobre los ingresos brutos y no sobre los beneficios netos.
Otro elemento incorporado en la reforma es que la contribución podrá ser deducida del Impuesto Sobre la Renta, una disposición presentada como mecanismo para incentivar el cumplimiento de la obligación.
La Ley 36-26 modifica la Ley 225-20, promulgada en 2020, y también actualiza aspectos de la Ley 98-25, aprobada en diciembre de 2025, dentro del marco legal que regula la gestión integral de los residuos sólidos en República Dominicana.
El proyecto fue presentado por el senador Antonio Marte y aprobado por el Congreso Nacional mediante procedimiento de urgencia antes de ser promulgado por el Poder Ejecutivo.
La forma en que fue conocida la pieza generó críticas del Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, entidades que reclamaron un proceso de discusión más amplio y sustentado en criterios técnicos.
Los gremios empresariales advirtieron que la nueva escala puede impactar la competitividad, el clima de inversión, los costos operativos de las empresas y, eventualmente, los precios que pagan los consumidores.
También cuestionaron que una reforma con efectos directos sobre el aparato productivo fuera tramitada sin una consulta más amplia con los sectores afectados y con las entidades vinculadas a la administración del sistema de residuos.
La modificación busca fortalecer el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos sólidos, un área que incluye recolección, tratamiento, reciclaje, valorización, disposición final y políticas de economía circular.
Sin embargo, el debate queda abierto entre la necesidad de financiar una gestión más eficiente de los desechos y el reclamo empresarial de mayor transparencia, gradualidad, rendición de cuentas y justificación técnica sobre los montos establecidos.
Con la promulgación de la Ley 36-26, el país entra en una nueva etapa de aplicación del régimen de contribuciones por residuos sólidos, mientras sectores productivos insisten en revisar el alcance económico de la reforma.
