La comisión bicameral revisa más de 40 propuestas de modificación a la Ley 74-25, en medio de cuestionamientos sobre libertad de expresión, prensa, debido proceso y otros puntos sensibles.
Santo Domingo. – La Cámara de Diputados acordó conocer este jueves las propuestas de modificación a la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana, mientras que para el próximo martes dejó previsto el debate sobre el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, aprobado previamente en segunda lectura por el Senado.
La revisión del Código Penal se produce a pocas semanas de su entrada en vigencia, prevista para el 3 de agosto, salvo que el Congreso Nacional apruebe nuevas modificaciones o adopte una decisión distinta antes de esa fecha.
La legislación permanece bajo estudio de una comisión bicameral encabezada por el diputado Wandy Batista, que ha recibido más de 40 propuestas de modificación, incluidas 18 observaciones presentadas por el Poder Ejecutivo.
El proyecto de reforma fue depositado por el Poder Ejecutivo a través del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y contempla cambios a 18 artículos de la Ley 74-25.
Las observaciones surgieron luego de que organizaciones sociales, juristas, comunicadores, representantes de medios y entidades de la sociedad civil expresaran preocupación por disposiciones que, a su juicio, podrían afectar libertades públicas, limitar el ejercicio de la prensa o facilitar la persecución de voces críticas.
Entre los puntos más cuestionados dentro del debate público figuran artículos relacionados con difamación, injuria, ultraje y otras disposiciones vinculadas a la libertad de expresión y el derecho a la información.
La discusión también ocurre en medio de manifestaciones, cacerolazos y concentraciones realizadas en Santo Domingo y otras provincias, donde distintos sectores han reclamado revisar artículos del nuevo marco penal antes de su aplicación.
La comisión bicameral inició formalmente sus trabajos esta semana con la presencia de los presidentes de ambas cámaras legislativas, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco.
Batista informó que durante la primera jornada fueron analizados siete artículos y afirmó que el equipo legislativo se encuentra “a mitad de camino” en el proceso de revisión.
El presidente de la comisión aclaró que no existe un plazo cerrado para concluir los trabajos, aunque precisó que las sugerencias serían recibidas hasta este miércoles a las 6:00 de la tarde y que, si fuera necesario, el estudio podría extenderse hasta el cierre de la legislatura, el próximo 26 de julio.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha planteado que la intención no es reabrir por completo el debate del Código Penal, sino revisar aspectos puntuales que han generado mayores preocupaciones en la sociedad.
La propuesta del Poder Ejecutivo incorpora observaciones formuladas por juristas, académicos, comunicadores, representantes de medios y organizaciones civiles, con el propósito de corregir puntos cuestionados antes de la entrada en vigor de la norma.
En el marco de la discusión, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, descartó que las modificaciones incluyan nuevamente las denominadas tres causales para la interrupción del embarazo, uno de los temas más controversiales durante el largo proceso de discusión del Código Penal.
Además del Código Penal, la Cámara de Diputados tiene pendiente conocer el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, una pieza aprobada por el Senado que procura modernizar la carrera policial, regular el uso de la fuerza y fortalecer mecanismos institucionales de control, profesionalización y seguridad pública.
El Senado informó que la reforma a la Ley 590-16 busca establecer reglas sobre el uso proporcional de la fuerza, clasificar armas menos letales, reforzar el control sobre las actuaciones policiales y generar mayor confianza ciudadana en la institución.
Durante la misma sesión legislativa, los diputados convirtieron en ley la iniciativa que declara el 19 de noviembre de cada año como Día Nacional del Médico Geriatra Dominicano, con el propósito de reconocer la labor de estos profesionales en la atención de la población adulta mayor.
La agenda legislativa coloca al Congreso ante una semana decisiva, marcada por la presión del calendario, la cercanía de la entrada en vigencia del Código Penal y las demandas de distintos sectores que reclaman correcciones antes de que la nueva legislación comience a aplicarse.
