La organización empresarial cuestionó las modificaciones sucesivas al régimen de contribuciones y pidió reglas estables para el comercio formal.
Santo Domingo. – La Organización Nacional de Empresas Comerciales expresó preocupación por la nueva modificación al proyecto de reforma de la Ley de Residuos Sólidos, aprobada en el Congreso, al considerar que los cambios sucesivos al régimen de contribuciones mantienen un escenario de incertidumbre para los contribuyentes.
La entidad señaló que el artículo 36, relativo a la contribución especial para la gestión integral de residuos, fue modificado nuevamente pocos meses después de la promulgación de la Ley 98-25.
Para la ONEC, el problema no se limita a los ajustes en la escala de aportes, sino al precedente que deja la modificación reiterada de una norma de alto impacto económico mediante procesos acelerados.
La organización sostuvo que reformas con efectos directos sobre empresas, planificación financiera, inversión y cumplimiento regulatorio deben discutirse con análisis técnico y participación de los sectores involucrados.
“El comercio necesita reglas claras, estables y previsibles. La planificación financiera, las inversiones y el cumplimiento regulatorio no pueden depender de cambios sucesivos aprobados en cuestión de días”, expresó la ONEC.
La reforma fue conocida en medio del vencimiento del primer pago semestral de la contribución especial, previsto para el 30 de junio, lo que incrementó las inquietudes de sectores empresariales sobre los plazos, montos y procedimientos de cumplimiento.
Tras la aprobación inicial en el Senado, la Cámara de Diputados introdujo modificaciones adicionales al proyecto, entre ellas cambios en las escalas de aportes, un régimen transitorio para el año fiscal 2025 y una extensión excepcional de los plazos de pago para empresas que aún no habían realizado la contribución.
La ONEC dijo que respalda los esfuerzos dirigidos a mejorar la gestión integral de residuos sólidos y reconoce la necesidad de financiar ese desafío ambiental.
Sin embargo, insistió en que las modificaciones legislativas deben apoyarse en estudios técnicos, consultas amplias y reglas estables que den certeza tanto al Estado como a los contribuyentes.
La organización también respaldó el llamado de varios gremios empresariales para que reformas de este alcance sean debatidas mediante procesos transparentes, participativos y suficientemente deliberados.
A juicio de la ONEC, ese tipo de discusión permitiría equilibrar los objetivos ambientales de la ley con la seguridad jurídica que requiere la actividad económica formal.
El debate sobre la Ley de Residuos Sólidos ha generado posiciones encontradas entre sectores empresariales, legisladores y representantes municipales, debido al impacto económico de la contribución especial y a la necesidad de financiar un sistema nacional de gestión de residuos.
La contribución prevista en el artículo 36 busca crear un fondo para mitigar los efectos negativos de la disposición de residuos y desarrollar un sistema integral de gestión.
La discusión legislativa también ha incluido disposiciones relacionadas con la prohibición de importación de productos elaborados con foam y ciertos utensilios plásticos que no cuenten con certificación de biodegradabilidad.
La ONEC planteó que el país necesita avanzar en la gestión de residuos sólidos, pero con reglas previsibles, gradualidad, evaluación de impacto y diálogo con los sectores llamados a cumplir la normativa.
