El tribunal declaró complejo el expediente y dispuso arresto domiciliario para Dilcia Isabel Vargas Sánchez, tras la variación del pedimento del Ministerio Público.
Santiago. – La jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso 18 meses de prisión preventiva a Héctor Antonio Lora Cruceta y a Luisa Yasiris Guzmán, vinculados por el Ministerio Público a la presunta estructura de corrupción investigada mediante la Operación Onco14.
La magistrada también declaró complejo el expediente, decisión que amplía los plazos procesales para que el Ministerio Público profundice la investigación por la cantidad de pruebas, operaciones financieras y hechos atribuidos a los imputados.
Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao, deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres.
Guzmán, identificada como actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, fue enviada al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres.
En la misma decisión, el tribunal impuso arresto domiciliario a Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta del patronato, luego de que el Ministerio Público variara su solicitud inicial de prisión preventiva por la colaboración que le atribuye dentro del proceso investigativo.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, afirmó a la salida del tribunal que la jueza acogió los argumentos presentados por el órgano acusador y reconoció la suficiencia de los elementos depositados para esta fase preliminar del proceso.
Ortiz sostuvo que la solicitud de medida de coerción fue respaldada con pruebas documentales, testimoniales, periciales y materiales, aunque aclaró que el Ministerio Público no ha suscrito acuerdos con los imputados.
El expediente del Ministerio Público sostiene que una presunta estructura habría operado desde el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao para desviar recursos públicos destinados a pacientes con cáncer, incluidos fondos provenientes del Seguro Nacional de Salud.
Entre las prácticas investigadas figuran supuestas facturaciones irregulares, duplicación de servicios, modificación de indicaciones médicas, uso de sellos presuntamente falsificados, cobros por dosis completas cuando se habrían administrado dosis incompletas y manejo irregular de medicamentos.
El órgano acusador atribuye a los imputados delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos, cargos que deberán ser sustentados en las siguientes etapas del proceso penal.
Durante la audiencia, el tribunal ponderó la gravedad de los hechos imputados, el volumen de la investigación y el impacto social del caso, por tratarse de recursos vinculados a servicios de salud para pacientes oncológicos.
La decisión judicial representa una de las primeras resoluciones relevantes dentro de la Operación Onco14, investigación que ha colocado bajo escrutinio el manejo administrativo y financiero de entidades ligadas al tratamiento de pacientes con cáncer en la región Norte.
El abogado Ricardo Reina, representante de Dilcia Isabel Vargas Sánchez, confirmó que su defendida continuará colaborando con el Ministerio Público mediante la entrega de documentación e informaciones relacionadas con operaciones contables y financieras realizadas durante su permanencia en la institución.
Reina sostuvo que esa colaboración permitirá establecer con mayor precisión el alcance económico de las presuntas irregularidades y determinar el monto real de los recursos bajo investigación.
La defensa de Luisa Yasiris Guzmán, encabezada por el abogado Pantaleón Mieses, rechazó la decisión del tribunal y anunció que apelará tanto la prisión preventiva como la declaratoria de complejidad del caso.
Mieses sostuvo que durante la audiencia fueron presentados elementos de arraigo familiar, laboral y social de su defendida, por lo que entiende que correspondía una medida menos gravosa.
El jurista también cuestionó el plazo de 18 meses de prisión preventiva y planteó que el Ministerio Público ya cuenta con elementos suficientes para avanzar hacia una acusación formal.
El Ministerio Público informó que la investigación continuará abierta y no descartó nuevas imputaciones dentro del caso.
Los imputados conservan la presunción de inocencia hasta que una sentencia firme establezca responsabilidad penal sobre los hechos atribuidos.
