La organización opositora reclama revisar el nuevo Código Penal y la Ley del DNI, además de someter a un debate nacional cualquier nueva regulación sobre medios de comunicación.
Santo Domingo. – El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió que varias disposiciones legales promovidas por el Gobierno podrían afectar la libertad de expresión, el ejercicio de la prensa y el derecho de los ciudadanos a denunciar irregularidades y fiscalizar la actuación de los funcionarios públicos.
La organización opositora expresó sus preocupaciones en un documento presentado este lunes, en el que identifica como principales motivos de alarma determinados artículos de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal; la Ley 1-26, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales.
Según el partido, esas iniciativas contienen disposiciones que podrían generar temor, autocensura e incertidumbre entre periodistas, comunicadores, medios y ciudadanos, con efectos contrarios a las garantías reconocidas por la Constitución.
Cuestiona penas por difamación, injuria y ultraje
El PLD concentró parte de sus críticas en los artículos del nuevo Código Penal que regulan la difamación, la injuria y el ultraje contra funcionarios públicos.
La Ley 74-25 establece penas de dos a cinco años de prisión para la difamación y de quince días a un año para la injuria. También tipifica como ultraje determinadas palabras, amenazas, escritos, imágenes o gestos de carácter no público que resulten contrarios a la dignidad de un funcionario o a las funciones que desempeña, conducta castigada con penas de hasta un año de prisión.
A juicio de la organización política, la redacción de esas figuras penales podría utilizarse para desalentar investigaciones periodísticas, restringir denuncias de interés público o inhibir críticas contra quienes ejercen funciones estatales.
El partido planteó que, antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, prevista para el próximo 3 de agosto, sea sometida una iniciativa que armonice esas disposiciones con la Constitución y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
La propuesta incluye eliminar la privación de libertad por expresiones protegidas constitucionalmente, especialmente cuando se trate de informaciones, opiniones o cuestionamientos relacionados con el desempeño de funcionarios públicos.
Reclama mayores controles sobre la Ley del DNI
El PLD también cuestionó varias disposiciones de la Ley 1-26, promulgada en enero de 2026 para crear la Dirección Nacional de Inteligencia y regular el Sistema Nacional de Inteligencia.
Aunque la normativa prohíbe aplicar métodos de obtención de información a periodistas con el propósito de obligarlos a revelar sus fuentes, la organización considera que las atribuciones concedidas al organismo y la amplitud de conceptos como “intereses nacionales” y “objetivos nacionales” podrían permitir interpretaciones discrecionales.
El partido propuso precisar esas definiciones, fortalecer los mecanismos de supervisión institucional y ampliar las garantías relacionadas con el secreto profesional, la protección de las fuentes periodísticas y los derechos fundamentales.
La legislación también faculta a la DNI a investigar actividades que puedan afectar los intereses u objetivos nacionales y a recopilar información vinculada con la seguridad del Estado, bajo principios de necesidad, proporcionalidad y control judicial cuando se requieran procedimientos especiales.
Propone debatir ley de medios en el CES
El PLD solicitó que cualquier reintroducción del proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales sea debatida previamente en el Consejo Económico y Social.
La organización propuso que en esas discusiones participen periodistas, propietarios y representantes de medios, académicos, juristas, organizaciones sociales y otros sectores vinculados con la comunicación y la defensa de los derechos fundamentales.
El proyecto, presentado originalmente por el Poder Ejecutivo ante el Senado, procuraba regular la libertad de expresión en la prensa, la radio, la televisión, los medios digitales y las redes sociales, además de crear el Instituto Nacional de Comunicación como organismo regulador.
La iniciativa perimió durante su trámite legislativo, por lo que cualquier nueva presentación requeriría comenzar nuevamente el proceso de discusión en el Congreso Nacional.
El PLD llamó a la sociedad dominicana a mantenerse atenta al debate sobre estas normativas y sostuvo que la defensa de la libertad de expresión no corresponde únicamente a periodistas y medios de comunicación, sino a todos los ciudadanos que ejercen el derecho a informar, opinar y supervisar el poder público.
