La organización opositora sostiene que el indicador de 6.98 homicidios por cada 100 mil habitantes no incorpora toda la violencia letal registrada en el país.
Santo Domingo. – El partido Fuerza del Pueblo cuestionó la metodología utilizada por el Gobierno para calcular la tasa acumulada de homicidios y reclamó la publicación de datos que permitan verificar, de manera independiente, la reducción anunciada por las autoridades.
Josefina Reynoso, secretaria de Seguridad Ciudadana de la organización opositora, sostuvo que el indicador de 6.98 homicidios por cada 100 mil habitantes presentado por el Gobierno no refleja, a su juicio, la dimensión completa de la violencia homicida en República Dominicana.
“Lo que el Gobierno anunció no es la tasa real de homicidios del país. Es la tasa que resulta de aplicar varias reducciones a las variables estadísticas, todas orientadas a disminuir el resultado final”, afirmó Reynoso durante una rueda de prensa.
La dirigente aseguró que las autoridades han introducido ajustes en la forma de organizar y presentar las estadísticas, mientras mantienen como meta reducir la tasa nacional a 4.5 homicidios por cada 100 mil habitantes.
El Gobierno, por su parte, informó que la tasa acumulada de 6.98 es la más baja registrada para esta fecha durante los últimos cuatro años y representa una disminución de 44.3 % frente al indicador de 12.54 reportado en 2023.
Cuestiona exclusión de víctimas extranjeras
Reynoso afirmó que los informes oficiales excluyen de la tasa publicada a víctimas extranjeras de homicidios ocurridos en territorio dominicano.
Según la representante de Fuerza del Pueblo, esa práctica se aparta de los criterios utilizados por organismos internacionales para medir la violencia homicida, que procuran registrar las muertes ocurridas dentro del territorio analizado y contrastar la información procedente de los sistemas de justicia y salud.
La organización pidió que el Gobierno detalle públicamente qué casos son incluidos, cuáles quedan fuera del cálculo y qué población de referencia se utiliza para determinar la tasa.
Muertes atribuidas a “acción legal”
Fuerza del Pueblo también manifestó preocupación por el número de muertes clasificadas en las estadísticas oficiales bajo la categoría de “acción legal”, correspondiente a intervenciones de agentes del Estado.
Reynoso aseguró que esos casos representaron el 16.4 % de las muertes contabilizadas durante 2025 y el 37.1 % de los registros correspondientes a la primera semana de junio de 2026.
“La acción legal no es evidencia de éxito policial; es uso de la fuerza letal por parte del Estado. Cada uno de esos casos debe ser investigado de manera independiente para determinar si estuvo justificado”, expresó.
La dirigente planteó que las muertes producidas durante intervenciones policiales sean publicadas de forma separada, acompañadas de información sobre las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y los órganos de control interno.
Debate sobre los conflictos sociales
Las autoridades informaron que el 59 % de los homicidios registrados tiene su origen en conflictos sociales. Dentro de esa categoría, el 73 % corresponde a riñas, el 19.2 % a hechos vinculados con violencia de género y el 7.8 % a otras causas.
Reynoso rechazó que esa clasificación deba interpretarse únicamente como una explicación del fenómeno. Sostuvo que la elevada proporción de muertes originadas en disputas personales también revela debilidades en las políticas de prevención, mediación comunitaria y presencia institucional.
La dirigente advirtió, además, que entre el 11 % y el 18 % de los casos permanece bajo investigación cuando son divulgados los reportes oficiales, circunstancia que, según dijo, puede modificar posteriormente la distribución de las categorías.
Reclama reactivación del Observatorio
Fuerza del Pueblo solicitó reactivar plenamente el Observatorio de Seguridad Ciudadana, creado en 2012 para recopilar, consolidar, procesar y analizar información relacionada con la criminalidad y la violencia.
“Un Gobierno que asegura haber reducido la criminalidad no tiene razones para mantener paralizado el Observatorio. Si existe confianza en las estadísticas oficiales, debe existir también apertura a la verificación independiente”, manifestó Reynoso.
La organización propuso que los informes sobre homicidios incorporen datos cruzados de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el sistema de salud y los registros civiles, con el propósito de identificar diferencias entre las distintas fuentes institucionales.
También pidió divulgar la serie histórica completa, explicar los cambios metodológicos aplicados y adoptar criterios internacionales que permitan comparar los indicadores dominicanos con los de otros países.
“El Gobierno tiene derecho a celebrar cada reducción real de la violencia. La ciudadanía tiene derecho a saber qué hay detrás de cada número. La transparencia no debe ser una opción; debe ser una obligación”, concluyó.
