El Tribunal Constitucional agotó la última vía de revisión promovida por Bienes Nacionales y dejó firme la indemnización por una expropiación originada en 1964.
Santo Domingo. – El Estado dominicano deberá pagar RD$340,736,293.72 como compensación por terrenos incorporados al área donde actualmente funciona el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, luego de que el Tribunal Constitucional rechazara el último recurso interpuesto por la Dirección General de Bienes Nacionales.
La decisión mantiene la indemnización fijada por el Tribunal Superior Administrativo y cierra la vía constitucional utilizada por la entidad estatal para intentar revertir el fallo. La suma equivale a aproximadamente US$5.7 millones, conforme a la tasa de cambio utilizada en los reportes sobre el proceso.
El conflicto se remonta al 17 de diciembre de 1964, cuando el Gobierno del Triunvirato emitió el Decreto 1886 y declaró de utilidad pública terrenos vinculados con Nelly Elidia Pellerano de Ricart para desarrollar el denominado Parque Central Metropolitano, en áreas ocupadas anteriormente por el aeropuerto General Andrews.
En esos espacios fue construido posteriormente el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, inaugurado para los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Santo Domingo en 1974.
Una compensación pendiente durante décadas
Los antecedentes oficiales del caso establecen que en 1993 el Estado suscribió un contrato de permuta con Lucía Amelia Ricart de Bonnelly, hija de la propietaria original, mediante el cual le entregó un apartamento valorado entonces en RD$800,000 como parte de la compensación por los terrenos expropiados.
El acuerdo no saldó completamente el valor de la propiedad. En 1996, la propia Administración General de Bienes Nacionales solicitó gestionar el pago de la diferencia pendiente, pero el monto no fue cubierto. La sentencia TC/0091/22 documenta esos antecedentes y la posterior reclamación de los sucesores.
Tras varios intentos judiciales, los herederos acudieron nuevamente a los tribunales para que fuera establecido el justiprecio de los terrenos ocupados.
Durante el proceso se presentaron valoraciones considerablemente distintas. Los demandantes aportaron una tasación cercana a RD$672 millones, mientras los avalúos atribuidos a la Dirección General de Catastro Nacional situaron el valor en poco más de RD$9.2 millones.
El Tribunal Superior Administrativo fijó finalmente la compensación en RD$340,736,293.72, luego de ponderar las pruebas y descontar el valor del inmueble entregado anteriormente como parte del acuerdo.
Bienes Nacionales no logró revertir el fallo
La Dirección General de Bienes Nacionales cuestionó la indemnización alegando deficiencias en la valoración técnica, omisión de elementos probatorios y afectación de su derecho de acceso a la justicia.
La entidad procuró que la Suprema Corte de Justicia revisara el monto, pero el recurso de casación fue declarado inadmisible. Posteriormente acudió ante el Tribunal Constitucional para impugnar esa decisión.
La jurisdicción constitucional rechazó los planteamientos y mantuvo el criterio de que un recurso de revisión no constituye una nueva instancia para ponderar pruebas, recalcular indemnizaciones o sustituir las valoraciones realizadas por los tribunales ordinarios.
Con el agotamiento de esa vía, permanece vigente la condena económica contra el Estado por la ocupación de los terrenos, más de seis décadas después de haberse producido la declaratoria de utilidad pública.
El caso se suma a otros litigios por propiedades incorporadas al principal complejo deportivo del país, entre ellos una indemnización de RD$472.8 millones ordenada en 2023 por terrenos situados en el entorno del Estadio Olímpico Félix Sánchez.
