Las instituciones del Gobierno en Nagua necesitan una política de comunicación capaz de informar, escuchar, prevenir conflictos y construir relaciones de confianza con la ciudadanía y los medios. Lo que no necesitan son funcionarios que utilicen posiciones públicas para alimentar confrontaciones personales.
En Nagua existe un problema de comunicación gubernamental que las autoridades responsables de los nombramientos no deberían continuar ignorando. En distintas instituciones públicas, funciones tan delicadas como las relaciones públicas, la gestión de medios, la vocería y la comunicación institucional están recayendo en personas que aparentemente no comprenden la verdadera dimensión del trabajo que tienen en sus manos.
No se trata solamente de redactar una nota de prensa, tomar fotografías durante una actividad, publicar una imagen en las redes sociales o pronunciar algunas palabras agradables ante un micrófono. Mucho menos se trata de utilizar la cercanía con una institución pública para confrontar periodistas, descalificar comunicadores, responder críticas desde el resentimiento o dividir a los medios entre amigos y enemigos.
Las relaciones públicas y la comunicación institucional son disciplinas estratégicas. Exigen preparación, prudencia, capacidad de análisis, dominio del lenguaje, inteligencia emocional, conocimiento del entorno mediático, manejo de crisis, planificación, ética, capacidad de negociación y, sobre todo, comprensión del interés público.
Quien no entiende eso puede ocupar una posición de relaciones públicas, pero no necesariamente está ejerciendo profesionalmente las relaciones públicas.
Las relaciones públicas del Gobierno en Nagua no pueden reducirse a publicar fotografías. Uno de los principales errores que se observa en la administración pública local es confundir comunicación con propaganda y relaciones públicas con promoción personal.
El trabajo de un encargado de comunicación no consiste en convertir cada actividad rutinaria de una institución en una hazaña extraordinaria. Tampoco consiste en saturar las redes sociales con fotografías del funcionario, ocultar los problemas, cerrar las puertas a las preguntas incómodas o intentar imponer una versión institucional mediante presiones y enfrentamientos.
La comunicación pública debe permitir que la población conozca qué hace una institución, cómo utiliza sus recursos, cuáles servicios ofrece, qué problemas enfrenta, qué resultados obtiene y de qué manera responde a las necesidades de la ciudadanía.
También debe servir para escuchar. Un profesional de las relaciones públicas no solamente transmite mensajes. Investiga el entorno, identifica riesgos, escucha las inquietudes de los ciudadanos, analiza la percepción pública, orienta a la dirección institucional, organiza la relación con los medios, prepara respuestas, anticipa crisis y protege la credibilidad de la institución.
Por eso, no se trata de hablar bonito. Se trata de saber comunicar estratégicamente. Hablar con fluidez frente a una cámara no convierte automáticamente a nadie en comunicador institucional. Tener presencia en redes sociales tampoco acredita competencias para manejar la reputación de una dependencia estatal. Ser cercano a una autoridad política no sustituye el conocimiento técnico necesario para representar una institución ante la sociedad.
El mayor peligro aparece cuando quien administra la comunicación de una institución confunde sus diferencias personales con la posición oficial del organismo que representa.
Desde el momento en que una persona ocupa una función pública vinculada a las comunicaciones, sus acciones dejan de ser interpretadas exclusivamente como decisiones individuales. Sus palabras, publicaciones, reacciones, silencios y confrontaciones terminan asociándose a la institución y, muchas veces, a la autoridad que la dirige.
Un insulto personal puede convertirse en un problema institucional. Una respuesta arrogante puede deteriorar años de relaciones con la prensa. Una confrontación innecesaria puede cerrar canales de comunicación que luego serán indispensables durante una emergencia. Una publicación impulsiva puede desplazar la atención pública desde los logros de una institución hacia la conducta impropia de uno de sus representantes.
Eso es precisamente lo que un profesional de las relaciones públicas debería prevenir, no provocar.
Quien ocupa una posición de comunicación gubernamental debe tener la madurez suficiente para recibir críticas sin reaccionar desde el orgullo. Debe comprender que una pregunta difícil no es una agresión, que una denuncia no representa necesariamente una campaña enemiga y que un periodista no está obligado a convertirse en promotor del funcionario de turno.
Las relaciones públicas no consisten en premiar a quien aplaude y castigar a quien cuestiona.
Tampoco consisten en clasificar a los medios entre “buenos” y “malos” dependiendo de la línea editorial de cada uno. Una institución pública debe relacionarse con todos los medios responsables, incluso con aquellos que mantienen posiciones críticas frente a su gestión.
El relacionista público que únicamente sabe comunicarse con periodistas complacientes no está gestionando relaciones: está buscando un coro.
Es necesario recordar una verdad elemental: los medios de comunicación no son departamentos subordinados a las instituciones gubernamentales.
Los periodistas no tienen la obligación de publicar cada nota enviada por una oficina pública. No están obligados a reproducir íntegramente los discursos de un funcionario ni a presentar como éxito aquello que, luego de ser investigado, pueda resultar insuficiente, cuestionable o contrario a los intereses de la comunidad.
El periodismo tiene la función de informar, verificar, cuestionar, contextualizar y fiscalizar. La comunicación gubernamental, por su parte, tiene el deber de facilitar información, responder inquietudes, presentar datos verificables y mantener abiertos los canales institucionales. Son funciones distintas, pero necesarias dentro de una sociedad democrática.
El conflicto surge cuando algunas personas designadas para manejar las relaciones con la prensa pretenden que los medios actúen como extensiones de la nómina pública. Cuando no consiguen obediencia, reaccionan con hostilidad, exclusiones, ataques personales o campañas de descrédito. Esa conducta es incompatible con una comunicación institucional seria.
El Estado no puede reclamar transparencia mientras sus representantes locales se incomodan frente a las preguntas. Tampoco puede hablar de participación ciudadana mientras determinados encargados de comunicación cierran puertas, esconden informaciones o convierten cualquier crítica en una ofensa personal.
La prensa no está para complacer al poder. Está, entre otras funciones, para vigilarlo. Una administración que entiende la democracia no teme esa vigilancia. La aprovecha para corregir errores, explicar decisiones y mejorar su desempeño.
Designar personas sin preparación también tiene consecuencias. La responsabilidad no recae exclusivamente sobre quienes desempeñan deficientemente estas funciones. También corresponde a quienes los designan.
Colocar a una persona sin formación, experiencia, criterio o capacidad emocional en una posición de relaciones públicas no es una decisión menor. Es entregar la reputación de una institución a alguien que puede desconocer cómo protegerla.
La comunicación pública no debe utilizarse como premio político, compensación partidaria o espacio para satisfacer compromisos personales.
La lealtad política puede ser valorada por quienes realizan una designación, pero no puede sustituir la competencia profesional.
Una persona puede ser leal a un funcionario y, al mismo tiempo, resultar completamente incapaz de comunicar su gestión. Incluso puede terminar provocándole un daño mayor que el de sus adversarios, porque cada error cometido desde una posición oficial afecta directamente la imagen de quien dirige la institución.
Las autoridades deben comprender que un mal encargado de comunicación puede destruir puentes que luego la máxima dirección necesitará reconstruir. Puede generar resentimientos, alimentar rumores, crear conflictos con sectores sociales y convertir situaciones administrables en crisis públicas.
También puede invisibilizar una buena gestión.
Una institución puede estar ejecutando obras, ofreciendo servicios o resolviendo problemas importantes y, sin embargo, perder reconocimiento público porque su comunicación es improvisada, excluyente, arrogante o técnicamente deficiente.
Por eso, quien designa también debe responder por la calidad de las personas que coloca.
No es razonable exigir resultados institucionales mientras las posiciones estratégicas son distribuidas sin evaluar perfiles, competencias y experiencia. La comunicación gubernamental requiere profesionales capaces de orientar incluso al propio funcionario, advertirle sobre riesgos y decirle cuándo una reacción puede perjudicar su imagen.
Un relacionista público no debe limitarse a obedecer. También debe asesorar. Y para asesorar hay que saber.
Mientras algunos pierden tiempo en confrontaciones, existe una extensa agenda de trabajo que debería estar siendo desarrollada.
Los responsables de comunicación de las instituciones públicas en Nagua deberían mantener actualizados a los ciudadanos sobre servicios, programas, horarios, requisitos, inversiones, obras, operativos y decisiones administrativas.
Deberían facilitar informaciones completas y oportunas a los medios. Deberían organizar encuentros periódicos con periodistas y comunicadores, no para exigir cobertura favorable, sino para explicar procesos, escuchar inquietudes y fortalecer canales de coordinación. Deberían preparar informes, notas de prensa, bancos de datos, fotografías de calidad, contenidos audiovisuales, respuestas a preguntas frecuentes y protocolos de comunicación para emergencias.
Deberían identificar las principales preocupaciones de la ciudadanía en cada municipio y distrito municipal de María Trinidad Sánchez. Deberían monitorear la conversación pública, verificar rumores, corregir informaciones falsas con datos y anticipar posibles conflictos. Deberían orientar a los directores provinciales para que sepan cómo responder ante una denuncia, cómo presentar resultados y cómo rendir cuentas sin evasivas. Deberían construir una relación profesional con la prensa local, respetando su independencia.
Deberían garantizar que las instituciones sean accesibles, que las solicitudes reciban respuesta y que la ciudadanía no tenga que recurrir al escándalo público para obtener una explicación.
Ese es el trabajo.
Pelear en redes sociales no es una estrategia de comunicación. Atacar comunicadores o sus propios funcionarios de gobierno no es manejo de crisis. Excluir medios no es relaciones públicas. Difundir rumores sobre periodistas no es defensa institucional. Utilizar una posición gubernamental para resolver diferencias personales no es servir al Estado.
Las instituciones públicas no son propiedades privadas de sus incumbentes ni de sus equipos políticos, pertenecen al Estado y deben servir a toda la ciudadanía, incluyendo a quienes cuestionan, protestan, investigan o mantienen posiciones distintas.
De igual manera, la información pública no pertenece al encargado de prensa. No puede administrarse como favor personal, instrumento de presión o recompensa para medios cercanos. Cuando un funcionario o relacionista público decide quién merece información y quién debe ser castigado con silencio, está deformando la función institucional.
La comunicación estatal debe ser profesional, plural, verificable y accesible. Esto adquiere especial importancia en una provincia como María Trinidad Sánchez, donde los medios locales cumplen una función fundamental en la difusión de informaciones sobre servicios públicos, infraestructura, salud, educación, seguridad, producción, turismo, programas sociales y emergencias.
Deteriorar la relación con esos medios por conflictos personales representa una irresponsabilidad. Las autoridades nacionales deben prestar atención a lo que ocurre en los territorios. No basta con diseñar buenas estrategias desde Santo Domingo si, a nivel provincial, algunas personas actúan sin coordinación, sin preparación y sin comprender los principios básicos de la comunicación gubernamental.
Una política nacional de comunicación puede ser arruinada localmente por una mala vocería.
Este editorial constituye un llamado de atención a las autoridades responsables de las instituciones públicas y de los equipos de comunicación gubernamental en Nagua. Todavía hay tiempo para evaluar perfiles, corregir prácticas, capacitar al personal y sustituir a quienes hayan demostrado que no poseen las competencias necesarias para ejercer esas funciones.
Rectificar no representa una derrota. Persistir en el error sí puede convertirse en una irresponsabilidad. Las autoridades deben preguntarse si las personas que manejan sus comunicaciones están construyendo confianza o generando conflictos; si están acercando las instituciones a los ciudadanos o aislándolas; si facilitan el trabajo de la prensa o lo obstaculizan; si protegen la reputación institucional o la exponen constantemente.
También deben revisar si sus encargados comprenden la diferencia entre una opinión personal y una posición oficial.
No todo el mundo está preparado para representar públicamente a una institución. Reconocerlo es un acto de responsabilidad administrativa.
Nagua necesita funcionarios capaces de ejecutar. Pero también necesita profesionales capaces de explicar lo ejecutado, escuchar a la población, responder con transparencia y relacionarse respetuosamente con quienes tienen la responsabilidad de informar.
Las instituciones no necesitan relacionistas públicos para pelear sus guerras personales. Necesitan estrategas que construyan puentes. Necesitan profesionales que comprendan que la reputación institucional se edifica durante años y puede destruirse en pocos minutos. Necesitan comunicadores que sepan que una crítica no se combate con ataques, sino con información, resultados y respuestas oportunas. Y necesitan autoridades con la suficiente firmeza para entender que colocar personas sin preparación en posiciones estratégicas también tiene un costo político e institucional.
El Gobierno todavía está a tiempo de corregir lo que está ocurriendo en Nagua.
Debe hacerlo antes de que las confrontaciones personales continúen convirtiéndose en problemas institucionales y antes de que quienes fueron colocados para acercar al Gobierno a la sociedad terminen alejándolo aún más.
Amaury Reyna Liberato, director de ElNaguero.com
