El juez Deiby Timoteo Peguero concluyó que no han variado las circunstancias que sustentaron los 18 meses de prisión preventiva impuestos por la Operación Cobra.
Santo Domingo, Distrito Nacional. – El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó este miércoles la prisión preventiva de 18 meses impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, y a otros cinco imputados en el proceso por la presunta red de corrupción administrativa investigada mediante la Operación Cobra.
La decisión fue emitida por el juez Deiby Timoteo Peguero, quien acogió la solicitud del Ministerio Público y determinó que permanecen vigentes los presupuestos utilizados para imponer la medida cautelar. La revisión había sido aplazada el pasado 30 de julio para permitir que las defensas completaran la documentación con la que procuraban una variación de la coerción.
Junto a Hazim continuarán en prisión Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
Los seis cumplen la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, donde fueron enviados en diciembre de 2025, cuando el tribunal declaró el expediente de tramitación compleja e impuso 18 meses de prisión preventiva a parte de los encartados.
La audiencia fue celebrada en la sala del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional debido a las limitaciones de espacio del juzgado encargado del control de la investigación.
Ministerio Público sostiene que persisten los riesgos procesales
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, afirmó que la prisión preventiva fue mantenida porque no han cambiado las condiciones evaluadas al inicio del proceso.
“Ha dicho el tribunal, además, que la prisión preventiva es la medida de coerción necesaria, idónea y proporcional para estos imputados”, declaró Camacho al finalizar la audiencia.
El representante del Ministerio Público sostuvo que los procesados deben permanecer privados de libertad y planteó que, en la etapa correspondiente, deben recibir “sentencias ejemplares” por el daño que la acusación atribuye a sus actuaciones contra el sistema público de salud.
Camacho representó al órgano acusador junto a Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
La ratificación de una medida de coerción no constituye una declaración de culpabilidad. El tribunal examinó únicamente la necesidad de mantener las restricciones durante el desarrollo de la investigación, mientras los imputados conservan la presunción de inocencia hasta que intervenga una sentencia definitiva.
Ada Ledesma permanece bajo arresto domiciliario
Ada Ledesma Ubiera también recibió inicialmente 18 meses de prisión preventiva. La medida fue sustituida el pasado 16 de julio por arresto domiciliario debido a condiciones de salud presentadas ante el tribunal.
Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y el empresario Eduardo Read Estrella enfrentan el proceso bajo arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país, disposiciones dictadas durante el conocimiento inicial de la coerción.
La prisión preventiva de Hazim y sus coimputados ya había sido confirmada durante una revisión celebrada en abril. El tribunal consideró entonces que no existían elementos nuevos suficientes para sustituirla por una medida menos gravosa.
Otro imputado permanece recluido
Ángel Luis Guzmán Vásquez, antiguo auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas del SeNaSa, es procesado de manera separada dentro de la misma investigación.
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le ratificó el 30 de julio los 18 meses de prisión preventiva que cumple desde mayo en Najayo Hombres.
Guzmán Vásquez fue arrestado después de que las autoridades establecieran que intentaba viajar a Boston, Estados Unidos, sin boleto de regreso. El Ministerio Público lo vincula con autorizaciones presuntamente irregulares de procedimientos médicos y consultas especializadas.
La investigación relacionada con ese componente comprende 4,363 autorizaciones tramitadas entre el 28 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025, correspondientes a cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas por un monto acumulado de RD$41,125,551.02.
Acusación atribuye esquema sistemático dentro del SeNaSa
El Ministerio Público identifica a Hazim como presunto dirigente de una estructura que habría operado dentro del SeNaSa con la participación de funcionarios, empleados y prestadores privados de servicios médicos.
Según la investigación, el grupo habría utilizado autorizaciones fraudulentas, reclamaciones ficticias, facturación simulada, adulteración de documentos y pagos irregulares para sustraer recursos de la administradora pública de riesgos de salud.
El expediente también recoge supuestos sobornos, manipulación de estados financieros y creación de programas sin respaldo jurídico que habrían servido para canalizar fondos fuera de los procedimientos institucionales.
Los procesados enfrentan imputaciones provisionales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Esas imputaciones forman parte de la teoría del Ministerio Público y deberán ser probadas en las etapas posteriores del proceso penal.
