Según parece, para el expresidente Leonel Fernández las crisis económicas solo justifican medidas extraordinarias cuando es él quien ocupa el Palacio Nacional.
El Gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha presentado ante la sociedad y el Congreso Nacional un conjunto de medidas orientadas a enfrentar los efectos económicos derivados de las tensiones geopolíticas internacionales, particularmente la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y su impacto sobre los mercados energéticos y la economía global.
La propuesta gubernamental ha sido diseñada bajo una lógica distinta a la aplicada históricamente en el país. A diferencia de reformas anteriores, las medidas anunciadas procuran proteger a la clase media y a los sectores productivos, evitando gravámenes que afecten directamente el consumo de los hogares.
Entre los puntos más destacados se encuentran la indexación salarial, un mecanismo largamente reclamado y prácticamente olvidado desde 2017; la eliminación del anticipo, uno de los impuestos más cuestionados por emprendedores y pequeños empresarios; la decisión de no aumentar el ITBIS; y la implementación de una amnistía fiscal que busca facilitar la regularización tributaria de miles de contribuyentes.
La propuesta ha sido recibida favorablemente por diversos sectores. Sin embargo, una de las voces más críticas ha sido la del expresidente Leonel Fernández, quien ha cuestionado la iniciativa gubernamental, generando la percepción de que las fórmulas de ajuste económico solo son aceptables cuando provienen de sus administraciones.
Un breve repaso histórico resulta oportuno.
Durante los gobiernos encabezados por Leonel Fernández se aprobaron varias reformas fiscales. Las más significativas fueron implementadas entre 2004 y 2012. Las primeras llegaron bajo el argumento de enfrentar las consecuencias de la crisis bancaria de 2003. Entre las medidas adoptadas estuvo la creación del impuesto a las telecomunicaciones, que incrementó la carga tributaria sobre millones de usuarios.
Posteriormente, la crisis financiera internacional de 2008 sirvió de fundamento para una nueva reforma que elevó la tasa del ITBIS del 12 % al 16 %, aumentando el costo de vida para los consumidores y afectando directamente a la clase trabajadora.
Resulta paradójico que quien defendió incrementos impositivos que impactaron el consumo popular cuestione ahora un paquete que, según ha explicado el Gobierno, procura distribuir las cargas de manera diferente y evitar que recaigan sobre los sectores más vulnerables.
Conviene recordar que la actual administración ha tenido que enfrentar desafíos de enorme magnitud: la pandemia del COVID-19, la crisis logística mundial, la guerra entre Rusia y Ucrania, los efectos de la inflación internacional y, más recientemente, la incertidumbre generada por las tensiones en Medio Oriente y su incidencia sobre los precios del petróleo.
Frente a ese escenario, el Gobierno ha optado por presentar un plan que busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, estimular la producción y reducir algunas cargas históricamente cuestionadas por el sector empresarial.
Por eso surge una interrogante legítima: ¿por qué se rechaza una propuesta que no contempla aumentos al ITBIS ni nuevos impuestos al consumo? ¿Acaso las crisis solo justifican medidas extraordinarias cuando son administradas por determinados actores políticos?
El debate democrático siempre será saludable. La crítica también. Pero para que ambas tengan legitimidad deben estar sustentadas en argumentos consistentes y no en posiciones que cambian según quién ocupe el poder.
Porque si las crisis justificaron reformas fiscales en 2004 y 2008, también merecen respuestas responsables en 2026. Lo contrario sería admitir que las crisis son válidas únicamente cuando sirven para defender intereses políticos particulares.
Por: Ruth Mariel Peña, mercadologa y comentarista radial. Conductora del programa En La Línea de Fuego.
