El tribunal acogió la acusación del Ministerio Público por homicidio involuntario y mantuvo las medidas de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat.
Santo Domingo. – El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dispuso este lunes el envío a juicio de fondo de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, acusados por el Ministerio Público de homicidio involuntario tras el colapso del techo del establecimiento ocurrido el 8 de abril de 2025, tragedia que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.
La decisión judicial acogió en todas sus partes la acusación presentada por el órgano persecutor y mantuvo la calificación jurídica sustentada en los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, rechazando la solicitud de algunos querellantes que buscaban agravar la imputación a homicidio voluntario bajo el argumento de que los propietarios conocían el deterioro estructural del inmueble.
El magistrado también ratificó las medidas de coerción impuestas a los imputados, consistentes en garantía económica de RD$50 millones para cada uno, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país.
Asimismo, ordenó la inmovilización de bienes y activos por un monto de RD$500 millones como medida destinada a garantizar una eventual reparación económica a favor de las víctimas y familiares afectados por la tragedia.
Ministerio Público solicitará pena máxima
Tras concluir la audiencia, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, informó que el órgano acusador solicitará la pena máxima contemplada por la legislación dominicana para los delitos de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias.
Camacho valoró la decisión del tribunal y destacó que la acusación fue respaldada no solo por el Ministerio Público, sino también por 42 de los 54 querellantes constituidos en el proceso.
“El tribunal ha acogido de manera total la acusación presentada por el Ministerio Público”, afirmó.
El representante del órgano persecutor sostuvo que los fiscales concentrarán ahora sus esfuerzos en el juicio de fondo para procurar la sanción más severa que contempla la ley para este tipo de hechos.
Investigación apunta a negligencia sistemática
De acuerdo con la investigación desarrollada por el Ministerio Público, la discoteca Jet Set operó durante años bajo condiciones de grave negligencia en materia de mantenimiento y adecuación estructural, situación que habría colocado en riesgo permanente a clientes, empleados y artistas que frecuentaban el establecimiento.
Camacho explicó que durante el proceso investigativo fueron realizadas múltiples diligencias, incluyendo peritajes especializados con la participación de expertos nacionales e internacionales para determinar las causas del colapso.
El funcionario aseguró que incluso los informes periciales aportados por la defensa establecen la existencia de actos de negligencia e imprudencia vinculados al desplome de la estructura.
“Ambos peritajes concluyen que existieron actuaciones negligentes que contribuyeron al colapso del establecimiento”, manifestó.
Una tragedia que marcó al país
La tragedia ocurrió la noche del 8 de abril de 2025 mientras cientos de personas asistían a una presentación del merenguero Rubby Pérez, quien falleció junto a uno de los músicos de su agrupación tras el desplome del techo del centro de entretenimiento.
Entre las víctimas también figuraron el exjugador de Grandes Ligas Octavio Dotel, el diseñador Martín Polanco y Eduardo Guarionex Estrella Cruz, hijo del exsenador y actual ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella.
El siniestro además cobró la vida de ciudadanos extranjeros, incluyendo venezolanos, franceses, italianos, costarricenses, colombianos, haitianos, hispano-dominicanos y un ciudadano keniano.
El tribunal también admitió como terceros civilmente demandados a las empresas Difusora Hemisferio, S.R.L., Inversiones CCEP-2, S.A., así como a Evelyn Espaillat y Ana Grecia López, cuyos casos serán conocidos durante el juicio de fondo.
La decisión marca el inicio de una nueva etapa judicial en uno de los procesos más impactantes de la historia reciente de la República Dominicana, derivado de una de las tragedias colectivas más dolorosas registradas en el país.
