El fallo del 9º Circuito sostiene que la Administración Trump excedió su autoridad en la terminación del Estatus de Protección Temporal, afectando a cientos de miles de migrantes.
Washington, D.C. – Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos determinó que la Administración del expresidente Donald Trump actuó de manera ilegal al retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para miles de ciudadanos venezolanos y haitianos, en decisiones adoptadas durante 2025, según falló un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito.
En su sentencia, emitida el miércoles por la noche y confirmada posteriormente, el tribunal sostuvo que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad legal al anunciar la terminación anticipada de las designaciones de TPS para Venezuela en septiembre de 2025 y para Haití en junio de ese mismo año. El fallo reafirma la decisión previa de un tribunal de menor instancia que había declarado nulas esas acciones por no ajustarse a los requisitos del estatuto que regula el programa.
Los magistrados explicaron que la normativa del Congreso de Estados Unidos no otorga a la secretaria un poder absoluto e ilimitado para retirar el TPS mientras la designación sigue vigente, y que las acciones de Noem se contraponen al diseño y propósito estatutario de la ley.
Los jueces destacaron que las decisiones cuestionadas han dejado a cientos de miles de personas en un estado de incertidumbre, con temor de ser deportadas, detenidas o separadas de sus familias, después de haber construido vidas y comunidades estables en territorio estadounidense.
Se estima que alrededor de 600,000 venezolanos y 500,000 haitianos se vieron afectados por la retirada de este estatus, que había sido otorgado en respuesta a crisis humanitarias y condiciones peligrosas en sus países de origen.
Aun así, el fallo no tendrá un efecto inmediato en la restitución del TPS ni en la situación migratoria de los afectados, dado que la Corte Suprema de los Estados Unidos había autorizado en octubre que las medidas de Noem siguieran vigentes mientras se resolvían los recursos judiciales.
Paralelamente, abogados y activistas han advertido que, pese al fallo, muchos beneficiarios del TPS siguen en riesgo de deportación, detenciones y otras medidas migratorias adversas, en particular en los próximos días ante la expiración de plazos o nuevas acciones del gobierno.
El caso, conocido como National TPS Alliance v. Noem, pone de relieve las tensiones legales y políticas en torno al TPS y las políticas migratorias estadounidenses, en medio de debates sobre la interpretación de las leyes congresionales y la autoridad ejecutiva para modificar o rescindir este tipo de protecciones humanitarias.
