La organización plantea que las debilidades de la Ley 74-25 deben ser subsanadas por el Congreso o el Tribunal Constitucional, pero advierte que extender la vacatio legis sentaría un precedente institucional negativo.
Santo Domingo. – Participación Ciudadana afirmó que, aunque el nuevo Código Penal contiene debilidades relevantes, no considera conveniente extender el período de vacatio legis ni aplazar su entrada en vigencia, prevista para agosto de este año.
La organización sostuvo que posponer la aplicación de la Ley 74-25 podría sentar un precedente institucional negativo, por lo que planteó que las fallas identificadas deben corregirse lo antes posible, incluso antes de que la normativa comience a aplicarse.
La entidad indicó que esas correcciones pueden producirse mediante una reforma impulsada por el Congreso Nacional o a través de decisiones del Tribunal Constitucional, instancia que ya conoce recursos vinculados con varios contenidos del nuevo Código Penal.
Entre los aspectos que Participación Ciudadana considera prioritarios figura la incorporación de las tres causales que eximen de responsabilidad penal la interrupción del embarazo cuando esté en riesgo la vida o la salud de la mujer, cuando el embarazo sea consecuencia de violación o incesto, o cuando el feto presente malformaciones incompatibles con la vida.
La organización también planteó la necesidad de despenalizar los delitos de difamación, injuria y ultraje, al entender que esa revisión debe armonizarse con la protección de la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio del periodismo.
Los cuestionamientos sobre la difamación han ocupado parte del debate público reciente debido a que la Ley 74-25 endurece las penas por ese delito y permite la acumulación de sanciones cuando se configuren múltiples infracciones, según análisis jurídicos difundidos sobre el nuevo marco penal.
Pese a sus reparos, Participación Ciudadana reconoció que el nuevo Código Penal representa un avance al incorporar cerca de 70 nuevos tipos penales en áreas de alta sensibilidad social e institucional.
Entre esos ámbitos citó la violencia de género e intrafamiliar, el feminicidio, los ciberdelitos, los delitos financieros y de corrupción, así como crímenes de lesa humanidad, genocidio, sicariato, autosecuestro y obstrucción de la justicia.
En materia de corrupción administrativa, la organización destacó que la nueva normativa sanciona conductas como tráfico de influencias, conflictos de intereses, alteración de precios, acuerdos ilícitos entre comerciantes, concesión dolosa de ventajas a terceros, sobrevaluación ilegal, distracción de recursos públicos y pagos irregulares en contratos administrativos.
También resaltó que los delitos contra el patrimonio público prescribirán a los 20 años, una disposición que, según la entidad, amplía el margen institucional para perseguir infracciones vinculadas con el manejo de recursos estatales.
Participación Ciudadana recordó que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo trabaja en un anteproyecto de ley destinado a corregir deficiencias del nuevo Código Penal.
La organización expresó su expectativa de que esa iniciativa sea presentada al Congreso Nacional sin demora, con el propósito de subsanar los puntos cuestionados y fortalecer el marco jurídico penal antes de su aplicación efectiva.
La posición de Participación Ciudadana se produce en medio de una discusión pública sobre el alcance de la nueva legislación penal, sus avances, sus omisiones y los artículos que distintos sectores consideran contrarios a derechos fundamentales o susceptibles de generar inseguridad jurídica.
