La funcionaria aseguró que el proceso judicial continuará aun cuando no exista un solo querellante.
Santo Domingo, República Dominicana. – La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó este viernes que la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set no quedará impune, aun cuando no exista un solo querellante en el proceso judicial.
La magistrada ofreció estas declaraciones durante un encuentro con integrantes del Movimiento Justicia Jet Set, a quienes manifestó que el Ministerio Público continuará avanzando en las investigaciones para establecer responsabilidades.
Durante la reunión, ambas partes acordaron coordinar una estrategia conjunta con el objetivo de evitar que el proceso judicial se prolongue de manera innecesaria.
La tragedia del Jet Set
El colapso del techo de la discoteca Jet Set ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025 en el sector El Portal, en Santo Domingo, durante un concierto de merengue.
El establecimiento se encontraba lleno con más de 500 personas en su interior cuando, alrededor de las 12:44 de la madrugada, el techo del local colapsó de forma repentina, provocando la caída de estructuras metálicas y bloques de concreto sobre la pista de baile y el escenario.
El hecho dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de 180 heridas, convirtiéndose en uno de los desastres no naturales más graves registrados en la historia reciente de la República Dominicana.
Entre las víctimas mortales se encontraban el merenguero Rubby Pérez, quien se presentaba esa noche en el local, y el exjugador de Grandes Ligas Octavio Dotel.
Investigaciones y procesos judiciales
Tras el colapso de la estructura, el Ministerio Público inició investigaciones para determinar las causas del desastre.
Entre las hipótesis que se han analizado figuran posibles fallas estructurales en el techo, el peso de equipos instalados sobre la edificación, reparaciones recientes y filtraciones de agua que habrían debilitado la infraestructura.
En el marco de estas investigaciones, el propietario del establecimiento, Antonio Espaillat, y otras personas han sido objeto de procesos judiciales por presunta negligencia.
Luego de la tragedia, el país declaró varios días de duelo nacional y el hecho abrió un debate sobre la seguridad estructural de edificaciones y la regulación de establecimientos públicos.
