La Pepca aseguró ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción que las pruebas contra exministros del PLD fueron obtenidas conforme al debido proceso.
Santo Domingo, Distrito Nacional. – El Ministerio Público sostuvo ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción que dispone de pruebas que vinculan a los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, junto a otros imputados, con la sustracción de RD$19 mil millones del erario durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana encabezados por Danilo Medina.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, afirmó que el órgano acusador inició la réplica a los argumentos de las defensas, desmontando lo que calificó como intentos de desvirtuar las pruebas incorporadas al proceso.
“El Ministerio Público ha iniciado su réplica a los argumentos frente a las acusaciones, desmontando planteamientos con los que las defensas pretenden desvirtuar las pruebas ofertadas”, declaró Ortiz a su salida del tribunal, ubicado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La representante del órgano persecutor añadió que durante la audiencia fueron presentados elementos probatorios que, según indicó, contradicen las afirmaciones expuestas por la defensa tanto en estrados como ante la opinión pública.
Durante su intervención, Ortiz sostuvo que las barras de la defensa no lograron rebatir la acusación formal contra los señalados como cabecillas de la estructura investigada en la denominada Operación Calamar, puesta en marcha en 2023.
La titular de la Pepca solicitó al tribunal rechazar el pedimento de exclusión de pruebas planteado por las defensas, argumentando que las mismas fueron recolectadas conforme a los procedimientos legales establecidos. El equipo litigante del Ministerio Público estuvo integrado además por los fiscales Miguel Collado, Elvira Rodríguez, Jhensy Víctor, Melbin Romero y Miguel Crucey.
Según el expediente acusatorio, los procesados habrían conformado una estructura que desvió fondos públicos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como a través de sobornos destinados, presuntamente, al financiamiento de la campaña electoral de 2020.
En el proceso figuran 46 personas físicas y jurídicas, a quienes se les atribuyen cargos de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos, entre otros delitos.
Entre los imputados se encuentran el abogado Ángel Lockward; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Piccirilo; Roberto Santiago Moquete Ortiz; Aldo Antonio Gerbasi Fernández; Julián Omar Fernández Figueroa; Claudio Silver Peña; Alejandro Constanzo Sosa; Marcial Reyes; Ana Linda y Emir José Fernández de Paola; Óscar Chalas Guerrero; Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
La audiencia fue aplazada para el miércoles 18 de febrero a las 9:00 de la mañana.
