La acusación sostiene que las ampliaciones y remodelaciones se realizaron sin supervisión profesional ni validación de las autoridades competentes.
Santo Domingo. – El Ministerio Público aseguró que el centro de entretenimiento Jet Set Club operó durante más de diez años sin contar con permisos de construcción ni autorizaciones para las numerosas remodelaciones ejecutadas en sus instalaciones, pese a tratarse de intervenciones que requerían supervisión técnica y validación oficial.
Según la acusación, en los archivos del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) y de la Alcaldía del Distrito Nacional no figuran solicitudes, licencias ni planos aprobados para las adecuaciones realizadas desde 2010.
Las intervenciones señaladas incluyen ampliación de tarimas, construcción de áreas VIP, instalación de cabinas técnicas, reconfiguración del sistema de climatización y colocación de estructuras en la azotea, todas clasificadas como modificaciones de impacto estructural.
El órgano acusador indicó que estas modificaciones exigían permisos municipales y estudios técnicos de capacidad de carga para determinar si el edificio podía soportar las nuevas instalaciones.
No obstante, la Procuraduría sostiene que los imputados ejecutaron los trabajos sin supervisión profesional certificada y sin validar la estabilidad del inmueble.
La acusación detalla que, con el paso de los años, el Jet Set incrementó de manera progresiva el peso sobre la estructura del edificio al instalar equipos de sonido de alto tonelaje, nuevos sistemas de iluminación, ductos de aire industrial y casetas adicionales en niveles superiores.
Estas instalaciones, realizadas sin controles oficiales, habrían generado cargas adicionales sobre una estructura ya deteriorada por el tiempo.
Para el Ministerio Público, este patrón operativo irregular, sumado a la ausencia de estudios técnicos y permisos, constituye una violación a las normas de construcción y representa un riesgo para los miles de clientes que asistían semanalmente al establecimiento.
La instancia afirma que, de haberse sometido cada intervención a los procedimientos legales correspondientes, las autoridades habrían detectado la vulnerabilidad del edificio y se habría evitado el colapso registrado en abril.
