La operación incluyó la incautación de bienes y documentos que comprometen a miembros de la estructura encabezada por Omar Ortiz Mosquea y Arantza García Eusebio.
Santo Domingo. – La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en coordinación con la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, ejecutó este jueves un amplio operativo que comprendió 13 allanamientos simultáneos en las provincias Samaná y Santo Domingo Este, como parte de la Operación Arrecife 2.0, dirigida a desmantelar la red de narcotráfico y lavado de activos encabezada por Omar Ortiz Mosquea y Arantza García Eusebio.
Durante la intervención, que contó con la participación de cinco fiscales, más de 70 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y un equipo técnico especializado, se procedió a la incautación de diez propiedades, títulos de propiedad, documentos vinculantes y equipos electrónicos, los cuales serán sometidos a análisis pericial para fortalecer el expediente acusatorio.
Entre los lugares intervenidos figuran Loma Atravesada, Las Galeras y Las Terrenas, en Samaná, así como sectores estratégicos de Santo Domingo Este.
Las autoridades confirmaron que las acciones se enmarcan en la ofensiva contra las estructuras dedicadas al narcotráfico internacional y al blanqueo de capitales ilícitos, en violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La investigación sostiene que la organización criminal patrocinaba cargamentos de drogas con destino a Puerto Rico, donde las autoridades ocuparon 328 kilogramos de cocaína.
En un hecho anterior, ocurrido el 20 de febrero de 2023, se les incautaron 243 paquetes con un peso total de 250.58 kilogramos de cocaína clorhidratada, según certificó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Con los beneficios obtenidos, los implicados realizaron la adquisición de bienes muebles e inmuebles, simularon operaciones de ventas y efectuaron colocaciones millonarias en el sistema financiero nacional, lo que derivó en la ampliación de la investigación y la puesta en marcha de la Operación Arrecife 2.0 para incluir a otros integrantes de la red.
El Ministerio Público presentó acusación formal sustentada en más de 600 elementos de prueba, incluyendo documentos, testimonios, peritajes, ilustraciones, materiales audiovisuales y evidencia física, que comprometen a los procesados en los hechos investigados.
El expediente también señala al prófugo Joel Antonio Estévez Batista como miembro activo de la estructura criminal.
La investigación es dirigida por los fiscales Luis Alberto García Hernández y Pedro Medina Quezada, quienes destacaron la importancia de esta operación en el marco de las acciones para debilitar las finanzas del narcotráfico y perseguir sus ramificaciones locales e internacionales.
