La Unidad de Captura de Prófugos presentó a los sentenciados ante el Tribunal de Ejecución de la Pena tras confirmar condena definitiva.
Santo Domingo.- El Ministerio Público dominicano, a través de su recién creada Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (UCAPREC), ejecutó una orden de captura contra Nelson Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte, Jorge Serret Sugrañez y Carlos Alberto Serret Sugrañez, todos vinculados al millonario fraude del desaparecido Banco Peravia.
La fiscal Andry De Los Santos, quien dirige la UCAPREC, encabezó el proceso legal luego de tramitar formalmente la solicitud ante la jueza suplente del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial del Distrito Nacional, Katerine A. Rubio.
La acción se realizó en virtud de una sentencia que convierte en definitiva la condena contra los procesados.
Los sentenciados fueron presentados este jueves ante el Tribunal y permanecen recluidos en el Centro de Privación de Libertad (CPL) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Condenas y delitos
Nelson Serret Sugrañez fue condenado a siete años de prisión por asociación de malhechores, falsedad en escritura pública y privada, uso de documentos falsos, estafa, abuso de confianza y violaciones a la Ley Monetaria y Financiera (Ley 183-02).
Además de la pena privativa de libertad, deberá pagar una multa de dos millones de pesos dominicanos. La condena está sustentada en los artículos 265, 266, 147, 148, 150, 151, 405 y 408 del Código Penal dominicano.
Yesenia Serret Aponte recibió una sentencia similar: siete años de prisión y multa de dos millones de pesos por los mismos delitos.
En tanto que Jorge Serret Sugrañez y Carlos Alberto Serret Sugrañez fueron condenados a tres años de prisión cada uno, además del pago de un millón de pesos de multa por su implicación en el esquema fraudulento.
La UCAPREC, unidad adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, fue creada por el Consejo Superior del Ministerio Público el pasado 21 de marzo con la finalidad de localizar y presentar ante la justicia a personas condenadas, prófugas o en estado de rebeldía judicial.
