La DGCP detectó fallas en la aplicación de la normativa vigente durante la adquisición de equipos informáticos.
Santo Domingo.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este martes la anulación de una licitación pública nacional realizada por el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), destinada a la adquisición de equipos informáticos, tras constatarse irregularidades en el desarrollo del proceso.
La medida fue tomada luego de agotar el debido proceso administrativo, en virtud del recurso jerárquico interpuesto por la empresa Cantox Investment.
Tras la revisión del caso, la DGCP determinó que el Idoppril incumplió con la normativa vigente, al no oficializar los cambios introducidos en el pliego de condiciones mediante el acta correspondiente de aprobación de enmiendas.
Documentación no subsanable y fallos procedimentales
Según detalló la DGCP, la institución licitante consideró como “no subsanables” documentos que debieron serlo, específicamente los relacionados con la presentación de al menos dos certificaciones de entrega satisfactoria de procesos similares en los últimos dos años, lo cual constituye una documentación de tipo credencial.
Contrataciones Públicas aclaró que, conforme al artículo 3 de la Ley 340-06 y los artículos 107 y 120 del Reglamento de aplicación 416-23, todo documento que acredite condiciones preexistentes del oferente puede ser subsanado, siempre que no modifique la esencia de la oferta ni los criterios de evaluación.
Anulación alcanza contratos en ejecución
Como resultado de esta decisión, no solo queda anulada la licitación, sino también aquellos contratos que hayan sido adjudicados y se encuentren actualmente en ejecución.
La DGCP estableció que, en caso de que alguno de los contratos derivados del proceso haya sido consumado o esté en curso, el Idoppril deberá presentar, en un plazo máximo de cinco días hábiles, un informe detallando el estado actual de dichos contratos.
La institución reiteró su compromiso con la transparencia y el cumplimiento estricto del marco legal que rige las contrataciones públicas en el país.
