Presidente Abinader plantea medidas ante la crisis haitiana y la postura de la comunidad internacional
Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader informó este lunes que el Gobierno dominicano está evaluando la posibilidad de establecer cobros a los extranjeros que utilicen los servicios públicos en el país, en respuesta a la creciente presión sobre la infraestructura estatal y la crisis que atraviesa Haití.
Durante su participación en La Semanal con la Prensa, el mandatario explicó que su administración analiza distintas metodologías para aplicar esta medida, ante la falta de respuesta efectiva por parte de la comunidad internacional respecto a la situación en el país vecino.
«Lo que puedo decir es que, ante todas las acciones internacionales y la posición de la comunidad internacional sobre Haití, nuestros servicios públicos no pueden continuar de la misma manera. Evidentemente, debemos implementar mayores restricciones, ya sea por la vía del cobro, del acceso o de ambos», declaró el jefe de Estado.
Medida en evaluación ante impacto económico
El anuncio surge en medio de un debate sobre la presión que representa para la economía nacional la provisión de servicios gratuitos a extranjeros, particularmente a ciudadanos haitianos que residen o transitan por el país.
Diferentes sectores han señalado que la carga sobre el sistema de salud, educación y asistencia social ha aumentado en los últimos años, lo que ha motivado a las autoridades a reconsiderar el modelo de acceso a estos servicios.
Si bien aún no se han definido los mecanismos ni los sectores específicos en los que se aplicaría el cobro, el Gobierno enfatizó que el tema sigue en evaluación y que cualquier decisión será tomada con base en estudios técnicos y criterios de equidad.
Esta posible medida se suma a otras restricciones migratorias implementadas por la administración de Abinader en los últimos meses, con el objetivo de fortalecer el control fronterizo y regular el acceso de ciudadanos extranjeros a los servicios estatales.
El debate sobre esta iniciativa sigue abierto, mientras el Gobierno analiza las implicaciones económicas y sociales de su implementación en el contexto actual del país.
