La violencia injustificada nunca puede ser la respuesta en un Estado de derecho. Lo sucedido el pasado viernes en la zona de Hábitat, en El Factor, es una afrenta a los principios de justicia y respeto ciudadano.
Durante el desalojo ejecutado por la Policía Nacional, no solo se cometieron atropellos contra los residentes, sino que también se vulneró el derecho a la libre prensa, pilar fundamental de nuestra democracia.
Los hechos son claros: ciudadanos fueron apresados sin justificación, camarógrafos y periodistas fueron intimidados y otros detenidos en un intento burdo de silenciar la cobertura mediática. Entre ellos, Danny de la Cruz, camarógrafo de esta redacción de ElNaguero.com fue detenido, mientras que al corresponsal de CDN y al director de este medio, le intimidaron; allí todos fueron víctimas de un evidente abuso de autoridad.
Esta acción no solo constituye una violación flagrante a la libertad de prensa, sino que también refleja un patrón preocupante de represión contra quienes informan con responsabilidad.
Particularmente indignante es el caso del ciudadano conocido como Moreno, quien, en un gesto de mediación entre los agentes de la Policía Nacional y el alcalde Oscar Pablo, resultó gravemente herido. Hoy enfrenta la posibilidad de perder una mano, una consecuencia inaceptable que debe ser investigada con rigor e imparcialidad.
Sin embargo, en un intento desesperado por justificar lo injustificable, la dirección de la Policía Nacional de María Trinidad Sánchez emitió un comunicado donde asegura que el ciudadano herido intentó despojar a un agente de su arma de reglamento. Nada más alejado de la verdad. Esta versión no solo carece de sustento, sino que además busca manipular la opinión pública y desviar la atención de los verdaderos responsables de los abusos cometidos.
Aún más alarmante es la intención de presentar al herido ante el Ministerio Público bajo acusaciones de invasión de terrenos. Condenamos enérgicamente esta estrategia de criminalización de las víctimas. Se trata de una maniobra perversa que busca empañar el buen nombre de un ciudadano, mientras se encubre el actuar desmedido de las fuerzas policiales.
Desde esta redacción, exigimos respuestas claras y contundentes. Las autoridades deben dar respuesta a las demandas planteadas en nuestro editorial anterior. No podemos permitir que los abusos queden impunes. Urge una investigación seria e independiente sobre los excesos cometidos durante el desalojo. Es responsabilidad del Estado garantizar la integridad de sus ciudadanos y el respeto a la prensa.
Hoy, más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y la justicia. No nos callarán con amenazas ni con falsedades. La democracia se construye con transparencia, y no con la represión de quienes buscan informar.
Con sentimientos de indignación,
La Redacción de ElNaguero.com
