El Ministerio Público avanza con la lectura de la solicitud de medida de coerción en contra de siete involucrados en lavado de activos proveniente del narcotráfico, que fueron arrestados el pasado 10 de marzo durante la Operación FM.
El órgano acusador solicita a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste que le imponga prisión preventiva a Juan Gabriel Pérez Tejada, Anabel Altagracia Sánchez Santana, Juan Isidro Pérez de la Rosa, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona y Gladis Sofía Azcona de la Cruz.
Además, solicita que declare el proceso de tramitación compleja.
La procuradora de corte Ramona Nova, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, destacó el avance del proceso y dijo que solo falta presentar la medida del imputado Ramluis Mejía Azcona, además de la presentación de las pruebas.
Precisó que el grupo es procesado por lavado de activos.
Nova respondió preguntas de la prensa luego de concluida la jornada de este viernes, donde de las 208 páginas que contiene la solicitud de medida de coerción, solo quedaron pendientes por leer alrededor de 40.
La jueza de Atención Permanente Cecilia Toribio aplazó la audiencia del conocimiento de la medida de coerción para el próximo lunes 28 de marzo, a las 11:00 de la mañana.
El grupo fue arrestado en la denominada Operación FM, desarrollada por el Ministerio Público, bajo la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, como parte de la lucha que desarrolla la Procuraduría General de la República contra la criminalidad organizada.
La operación incluyó allanamientos en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana, en los que los fiscales actuantes ocuparon más de un millón de dólares y 760 mil pesos, así como 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos Porsche.
El Caso FM está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto de 2020 se le ocupó unos 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.
Unos 15 fiscales y 145 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos de seguridad del Estado dominicano estuvieron a cargo de la operación que contó con la cooperación internacional de la HSI (Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional) de Estados Unidos.
El Ministerio Público destacó que la medida de coerción más idónea a imponer en contra de los encartados de este caso es la prisión preventiva por la gravedad de los hechos cometidos en la red del crimen organizado y el peligro de fuga.
