LIMA.- Indignación y división en Perú por la próxima excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, tras un fallo del Tribunal Constitucional.
Este fin de semana, centenares de peruanos marcharon por las calles de Lima, bajo el lema «Indulto es insulto».
«Con mucha indignación, realmente, de que esta es la segunda vez que se le regala una libertad, que no le corresponde a Fujimori. Indignadas, porque reconocemos que las instituciones de nuestro país cada vez que tienen que decidir sobre este tema no lo hacen en función al derecho de los familiares sino tratando de beneficiar al delincuente y asesino de Fujimori», declaraba Gisela Ortiz, exministra de Cultura de Perú y familiar de una víctima del Gobierno de Fujimori.
El Gobierno de Pedro Castillo también ha mostrado su rechazo y ha dicho que acudirá a organismos internacionales.
Las protestas se suceden desde el jueves, cuando el Tribunal Constitucional aceptó un recurso que restituye el indulto que otorgó a Fujimori, en 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
«Secuestró a periodistas, mató a gente inocente, niños… mujeres esterilizadas…», decía Victoria Pérez, manifestante contra el indulto.
Júbilo entre los fujimoristas
También los fujimoristas han salido a la calle, para aplaudir y festejar el fallo del Tribunal Constitucional
«Me siento feliz porque se hizo justicia. Él no merecía estar preso, él ha sido un preso por culpa de los comunistas, de los caviares que han estado en el Estado, en el Poder Judicial y en la Fiscalía», aseguraba Fabricio Castillo, seguidor de Alberto Fujimori.
«Bien por los magistrados del Tribunal Constitucional que por fin han reaccionado a pesar de tantos años de lucha», señalaba Vilma Gonzáles, seguidora de Alberto Fujimori.
«El que ganó fue el verdadero pueblo peruano al darle libertad a un expresidente que fue uno de los mejores presidentes durante más de 30 o 40 años a la actualidad», decía Guido Flores, seguidor de Alberto Fujimori.
Fujimori fue presidente de Perú entre 1990 y el año 2000. En 2009, fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, por secuestros y por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Fue liberado en 2017, en una discutida decisión que el Constitucional canceló posteriormente.
Hoy tiene 83 años y una «frágil salud», según su familia. Razón por la que su hija Keiko ha anunciado que «se quedará en Perú cuando salga en libertad».
