La madrugada de hoy en El Factor, provincia María Trinidad Sánchez, se convirtió en escenario de un violento operativo de desalojo en el que 25 familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares de forma abrupta e irregular.
Los hechos acaecidos no solo denuncian una posible vulneración de derechos fundamentales, sino que también ponen en tela de juicio la legalidad del proceso y la conducta de quienes, bajo la apariencia de autoridad, actuaron en el lugar.
El desalojo, llevado a cabo supuestamente por un particular que se adjudica la propiedad de los terrenos y avalado por la presencia de la Policía Nacional y presuntos “alguaciles actuantes”, se realizó sin respetar los procedimientos legales que rigen en nuestro país.
La legislación dominicana, en virtud de salvaguardar el derecho a la propiedad y a un debido proceso, exige que los desalojos sean autorizados judicialmente y notificados a las personas involucradas.
Entre otras normativas, el Código Procesal Civil dispone que cualquier acto de desalojo debe realizarse previa sentencia o resolución administrativa que garantice la tutela judicial efectiva, así como respetar un procedimiento que permita a los afectados ejercer su derecho a la defensa.
En este caso, los testimonios de los moradores indican la ausencia de notificación, la falta de un documento legal que legitime la actuación y, sobre todo, el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes.
El proceder observado contraviene lo estipulado en la normativa, pues el ejercicio de la autoridad debe estar siempre enmarcado en el respeto a las garantías constitucionales y procesales.
Resulta imperativo que la Policía Nacional sea objeto de una investigación interna e independiente que aclare la actuación de sus agentes en el operativo de esta mañana. ¿Quiénes son los supuestos “alguaciles actuantes” que operaron sin identificación clara? ¿Por qué se omitieron los protocolos de notificación y debido proceso? La respuesta a estas preguntas es crucial para restablecer la confianza en las instituciones y para garantizar que los derechos de los ciudadanos sean protegidos.
El hecho de que agentes hayan retirado de sus uniformes las placas de identificación, junto a testimonios que evidencian el uso de la fuerza —inclusive disparos que causaron lesiones graves—, refleja un escenario alarmante de abuso de poder. Esta conducta no solo transgrede los estándares mínimos de conducta policial, sino que también abre la puerta a la impunidad y a una extralimitación en el ejercicio del poder público.
El Estado dominicano tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos y de asegurar que todos los actos de fuerza o intervención en la propiedad privada se realicen conforme a la ley.
La situación vivida en El Factor debe servir de llamado urgente para revisar y reforzar los mecanismos de control interno y la capacitación de las fuerzas de seguridad, de manera que se evite la repetición de hechos similares. Asimismo, es responsabilidad de las autoridades judiciales y administrativas investigar de forma transparente y exhaustiva este operativo, determinando si hubo violación de procedimientos y, en su caso, sancionando a los responsables.
La defensa del Estado de Derecho requiere que cada acción que afecte la vida y los bienes de los ciudadanos esté previamente avalada por un proceso legal. Las irregularidades constatadas en este desalojo atentan contra la seguridad jurídica y vulneran el principio de legalidad, uno de los pilares de nuestra convivencia democrática.
El operativo de desalojo ocurrido en El Factor no puede quedar sin respuesta. Es imperativo que se realice una investigación minuciosa que esclarezca la actuación de la Policía Nacional y se identifique a los individuos que actuaron en calidad de “alguaciles”.
La legalidad y el respeto a los derechos ciudadanos deben prevalecer sobre intereses particulares o la discrecionalidad arbitraria. Solo mediante el cumplimiento riguroso de la ley y la transparencia en el accionar de las instituciones se podrá garantizar que hechos como estos no se repitan y que el Estado continúe protegiendo a quienes le confían su bienestar.
Por Amaury Reyna, director de ElNaguero.com
