El proyecto busca reorganizar las funciones del sistema judicial y descongestionar al Ministerio Público.
Santo Domingo. – La Cámara de Diputados aprobó este martes, en primera lectura y con carácter de urgencia, el proyecto de ley que propone la creación del Ministerio de Justicia, una nueva cartera gubernamental que se sumaría a los 23 ministerios existentes en la República Dominicana.
La iniciativa, presentada por el diputado Cristóbal Castillo, pretende fortalecer la institucionalidad en materia judicial y concentrar en un solo órgano competencias actualmente distribuidas entre diversas entidades públicas.
La pieza legislativa contempla la transferencia de atribuciones que hoy recaen en la Procuraduría General de la República, como la administración penitenciaria, la Escuela Nacional Penitenciaria, la Dirección de Control de Alquileres y Desahucios, la gestión de bienes incautados y áreas relacionadas con derechos humanos y asistencia jurídica.
También establece la creación de viceministerios para Política Judicial, Derechos Humanos, Administración Penitenciaria, Asuntos Registrales y Política Jurídica, con el fin de especializar la gestión y dar mayor eficiencia al sistema.
Cristóbal Castillo explicó que la propuesta busca “descongestionar al Ministerio Público para que pueda concentrarse en su rol de persecución penal”, un planteamiento que coincide con lo expresado por varios legisladores que consideran la medida un paso hacia la modernización institucional.
La aprobación no estuvo exenta de debates. Legisladores de la Fuerza del Pueblo manifestaron su oposición con un informe disidente, alegando que la creación del Ministerio de Justicia implicaría un gasto adicional en el aparato estatal, contrario a los principios de austeridad fiscal.
Cabe destacar que el país tuvo un Ministerio de Justicia desde su fundación en 1844 hasta 1964, cuando sus funciones fueron absorbidas por la Procuraduría General.
La nueva propuesta busca rescatar esta figura para separar las funciones administrativas de las competencias penales, asegurando así una mayor independencia y especialización de las instituciones vinculadas al sistema judicial.
Tras esta primera aprobación, la iniciativa pasará al Senado de la República para su revisión en segunda lectura. De ser refrendada, quedaría lista para ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
