Ciudadano dominicano y veterano del Ejército de EE.UU. afirma que sus derechos han sido vulnerados por familiares y denuncia inacción judicial tras más de ocho años de proceso
Las Terrenas, Samaná. – Ángel Sosa, ciudadano estadounidense de origen dominicano y veterano del Ejército de los Estados Unidos, denunció ante los medios de comunicación que ha sido víctima de una presunta estafa y despojo de herencia por parte de familiares que, según afirma, falsificaron su firma mientras él se encontraba cumpliendo misiones militares en Irak.
En su testimonio, Sosa detalló que, durante su ausencia prolongada del país, se habrían utilizado poderes con firmas adulteradas para transferir propiedades de su familia a terceros.
Sosa indica que las ventas de estos bienes fueron realizadas sin su consentimiento, y pese a haber presentado pruebas documentales y peritajes oficiales que demuestran la falsedad de las firmas, la justicia dominicana no ha fallado a su favor.
Una lucha de ocho años en los tribunales
“Desde 2017 estoy en los tribunales luchando por una causa injusta e infame. En cada audiencia que se convoca, se suspende por intereses particulares no judiciales”, expresó con visible impotencia. Asegura haber agotado todos los recursos legales disponibles y haber recibido únicamente “denegación y atropello”.
Sosa sostiene que presentó ante las autoridades judiciales dominicanas peritajes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) que certifican que las firmas utilizadas en los poderes y documentos de venta no son suyas.
Además, aportó certificaciones del Departamento de Migración que comprueban su ausencia del país por más de 16 años en el momento de las operaciones y documentación oficial del Ejército de los Estados Unidos confirmando su servicio militar en Irak en las fechas en cuestión.
Señala a familiares directos como responsables
El denunciante identificó como principales responsables de esta situación a su medio hermano Dalyani Federico Sosa, su hermana de padre y madre Salmeda Altagracia Sosa Batista, quienes habrían utilizado los documentos fraudulentos para apropiarse de sus propiedades familiares.
“No solo estoy convencido, el INACIF lo confirmó. Esas firmas no son mías. Ni el trazo, ni la rúbrica, ni los detalles coinciden. Son documentos falsificados y aun así han sido aceptados en procesos judiciales como válidos”, manifestó.
Alega manipulación del sistema judicial
Sosa denunció además que durante el proceso ha identificado supuestos vínculos de fiscales y funcionarios judiciales con las personas que intentan despojarlo de sus bienes.
Cuestionó la parcialidad de ciertos actores del sistema judicial, indicando que en múltiples ocasiones, fiscales titulares y el abogado del Estado en San Francisco de Macorís habrían asumido personalmente los casos, lo que, a su juicio, rompe con la práctica usual y levanta sospechas sobre la imparcialidad del proceso.
“Me duele decirlo, pero sí, hay fiscales y funcionarios judiciales implicados. Documentos que hemos conseguido así lo sugieren. El abogado del Estado, que normalmente no toma casos directamente, ha asumido el mío personalmente, lo que resulta irregular y sospechoso”, advirtió.
Denuncia doble deslinde y ocupación irregular
Ángel Sosa también denunció que, a pesar de haber obtenido un deslinde aprobado y estar a la espera del título definitivo de sus terrenos, un segundo deslinde fue realizado seis meses después por las personas que intentan despojarlo.
Ese proceso paralelo resultó en la emisión de un título en favor de terceros, situación que califica como fraudulenta y agravante en el conflicto legal que enfrenta.
“Yo tenía un deslinde aprobado seis meses antes y estaba esperando por el título. ¿Cómo es posible que se haga otro deslinde sobre el mismo terreno y se le otorgue título a otra persona? Eso solo puede hacerse con complicidad dentro del sistema”, denunció.
Un llamado al Presidente y a las autoridades judiciales
Sosa hizo un llamado al presidente de la República y a los órganos del sistema judicial para que revisen su caso y hagan valer las pruebas que ha presentado, y que, a su juicio, no dejan lugar a dudas sobre la falsedad de los documentos utilizados en su contra.
“No pido favores ni trato especial, pido justicia. Justicia con las pruebas en la mano. Justicia como la que debe recibir cualquier ciudadano dominicano o extranjero. Yo estaba sirviendo en la guerra, arriesgando mi vida por otro país, y mientras tanto aquí me estaban robando”, expresó con indignación.
Aseguró que ha mantenido la posesión de los terrenos en cuestión por más de siete años y que, hasta la fecha, no ha recibido notificación alguna de desalojo. No obstante, teme que las decisiones judiciales desfavorables, alimentadas por intereses particulares, puedan provocar un despojo inminente sin base legal.
