Santo Domingo, R.D. – El expresidente Danilo Medina afirmó que su familia es víctima de una estrategia de «judicialización de la política» y que sus hermanos, actualmente procesados por presuntos actos de corrupción, están siendo perseguidos únicamente por su vínculo con él.
Según el exmandatario, el actual gobierno ha implementado tácticas similares a las vistas en otros países para desacreditar su gestión y debilitar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Durante una entrevista en El Sol de la Mañana, Medina insistió en que su administración dejó «la vara muy alta» en términos de gestión gubernamental, lo que, a su juicio, llevó a una campaña de descrédito contra él y su familia.
Recordó que la ofensiva en su contra comenzó en 2016, poco después de su reelección, cuando surgieron acusaciones sobre supuestos fondos provenientes de Brasil y su relación con el estratega político João Santana, quien posteriormente fue vinculado al caso Lava Jato.
No obstante, Medina reiteró que Santana declaró que su campaña en República Dominicana no recibió financiamiento ilícito.
Caso Antipulpo y acusaciones contra sus hermanos
Los hermanos del exmandatario, Juan Alexis Medina Sánchez y Magaly Medina Sánchez, están imputados en el Caso Antipulpo, donde el Ministerio Público los acusa de crear un entramado societario que, a través de tráfico de influencias, habría defraudado al Estado con miles de millones de pesos.
La acusación señala que mediante el lavado de activos, los imputados intentaron dar apariencia de legalidad a su patrimonio, utilizando prestanombres y empresas de carpeta.
Sobre estos señalamientos, Medina argumentó que su hermano Juan Alexis Medina Sánchez realizó negocios con el Estado bajo la responsabilidad de los funcionarios que aprobaron los contratos, y que, aunque la ley prohíbe la contratación de familiares de altos funcionarios, esto es una falta administrativa y no penal. «Lo convirtieron en un caso penal porque es mi hermano», declaró.
En cuanto a Magaly Medina Sánchez, el Ministerio Público la acusa de utilizar su cargo como vicepresidenta administrativa del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) para beneficiar a su hermano en la adjudicación de contratos. Se le imputan los delitos de lavado de activos, falsedad en declaración jurada y violación a la Ley de Compras y Contrataciones.
Defensa del proyecto Punta Catalina y relación con João Santana
Medina también defendió la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina, afirmando que fue uno de los proyectos más transparentes de su administración y que su costo final se redujo de 2,045 millones de dólares a 1,955 millones.
Explicó que los sobrecostos fueron conciliados en tribunales internacionales y calificó la obra como «el proyecto más pulcro que se ha hecho en República Dominicana».
Asimismo, reiteró su respaldo a João Santana, a quien definió como «el mejor asesor de campaña» que ha conocido. Destacó que Santana dirigía campañas en Europa y América Latina simultáneamente, lo que, según Medina, desmiente cualquier intento de vincularlo con financiamiento ilícito en República Dominicana.
Conversación con Mike Pompeo en 2020
El exmandatario también abordó la conversación que sostuvo con Mike Pompeo, entonces secretario de Estado de Estados Unidos, en 2020. Medina aseguró que su intercambio con Pompeo se limitó a un consejo sobre la legalidad de sus acciones.
«Me llamó para decirme: ‘Presidente, lo que usted vaya a hacer, hágalo dentro de la ley’. Y mi respuesta fue: ‘No hago nada que no esté dentro de la ley'».
Señaló que esta llamada fue utilizada por sectores políticos para construir un «libreto de descrédito» y desvirtuar su gestión, aunque afirmó que nunca tuvo intenciones de buscar un nuevo mandato en 2020.
Con estas declaraciones, Medina reafirma su postura de que su familia y su partido son víctimas de una campaña de persecución, mientras el Ministerio Público sostiene su acusación contra los implicados en el Caso Antipulpo, en un proceso judicial que sigue en desarrollo.
