La medida permitirá reducir tiempos administrativos y fortalecer el control financiero en las instituciones públicas.
Santo Domingo. – El Gobierno dominicano autorizó este miércoles el uso de firma digital para la aprobación de órdenes de pago a través del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), las cuales serán validadas mediante el Gestor de Firma Gubernamental (FIRMAGOB), como parte de las acciones orientadas a optimizar los procesos administrativos en el Estado.
La disposición busca reducir los tiempos de tramitación de pagos y hacer más eficientes las gestiones en las instituciones públicas, en un contexto de modernización de la administración financiera gubernamental.
La resolución fue suscrita por los ministros de Hacienda y Economía, Magín Díaz; de Administración Pública (MAP), Sigmund Freund; el contralor general de la República, Geraldo Espinosa, y el tesorero nacional, Luis Delgado.
Digitalización de procesos financieros
El ministro de Hacienda, Magín Díaz, explicó que la implementación de la firma digital forma parte de un proceso orientado a mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión pública.
“Avanzamos hacia una gestión moderna, eficiente y mucho más transparente, alineada a los objetivos de burocracia cero, con la mirada puesta en la mejora de procesos y facilitar el día a día de los ciudadanos”, indicó.
Agregó que la iniciativa permitirá optimizar los tiempos de respuesta, fortalecer los mecanismos de control interno y contribuir con una administración pública vinculada a la transformación digital.
La medida se sustenta en la Ley sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, lo que garantiza la validez legal de los procesos realizados mediante este mecanismo.
Aplicación progresiva del sistema
Por su parte, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, señaló que la disposición contribuirá a agilizar los trámites y mejorar la competitividad del país mediante la reducción de tiempos en procesos administrativos.
La implementación de la firma digital se realizará de forma progresiva, conforme a un cronograma establecido por el Ministerio de Economía, en coordinación con la Contraloría General de la República, el MAP y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación.
