La reciente y dolorosa situación generada por la explosión del tanque de almacenamiento de agua del acueducto de Nagua, ubicado en Frenito, ha vuelto a dejar al descubierto una realidad que el país conoce demasiado bien: la fragilidad institucional con la que muchas veces se construye, se supervisa y se responde ante obras de interés colectivo.
Lo más alarmante, sin embargo, no ha sido solamente el hecho en sí, sino la reacción posterior de numerosos actores políticos. En vez de concentrarse en lo urgente —corregir, reparar y prevenir— se ha abierto una confrontación estéril entre sectores oficialistas y opositores, empeñados en repartir culpas como si el señalamiento público pudiera devolverle tranquilidad a una población que hoy teme por el abastecimiento de agua.
Ese enfoque no solo es equivocado; también resulta irresponsable. Cuando ocurre una situación de esta magnitud, la prioridad no debe ser la rentabilidad política del discurso, sino la efectividad de la respuesta. Buscar responsables podrá tener su espacio en las investigaciones técnicas, administrativas o legales que correspondan, pero convertir una crisis de servicio en una trinchera partidaria solo prolonga el problema y distrae la atención de lo esencial.
En un país donde con demasiada frecuencia las obras públicas y de infraestructura terminan cuestionadas por su durabilidad, calidad o supervisión, insistir en el conflicto político no resuelve nada. Por el contrario, retrasa las decisiones que deben adoptarse con rapidez y sentido de responsabilidad. Lo que hoy demanda Nagua no es una guerra de narrativas, sino una actuación seria, articulada y transparente.
La situación que enfrenta este municipio no distingue colores, siglas ni lealtades partidarias. La escasez de agua que se perfila en el horizonte afectará por igual a oficialistas y opositores, a quienes votaron por un partido y a quienes respaldaron a otro. No será un problema exclusivo de perremeístas, peledeístas o miembros de la Fuerza del Pueblo. Será, simple y llanamente, una crisis de todos.
Y justamente por eso el debate debe colocarse a la altura del momento. Nagua necesita menos voceros de confrontación y más gestores de soluciones. Necesita menos declaraciones encendidas y más capacidad de respuesta. Necesita autoridades que hablen menos de culpables y más de plazos, de planes de contingencia, de reparación, de abastecimiento provisional y de prevención futura.
El tiempo, en este caso, no juega a favor de nadie. Cada hora que pasa sin una respuesta eficaz aumenta la incertidumbre de cientos de familias que dependen de un servicio tan básico y esencial como el agua. No hay espacio para cálculos pequeños cuando la necesidad colectiva exige grandeza, madurez y compromiso.
Es momento de sustituir las discusiones inútiles por acciones concretas. De imponer la responsabilidad sobre el oportunismo. De entender que, frente a una crisis que golpea a todo un pueblo, la mezquindad política solo agrava el daño.
Ojalá que Ángel Manuel López González, junto a la voluntad humana y la fe en Dios, pueda contribuir dentro de sus posibilidades a aliviar la situación que hoy afecta a Nagua. Pero más allá de los nombres, lo que este momento reclama es una respuesta colectiva, seria y urgente, porque los pueblos no viven de discursos: viven de soluciones.
Por: Néstor Paulino
