La medida fue anunciada como alternativa temporal luego de que el Supremo invalidara parte del esquema de gravámenes sustentado en la IEEPA.
Washington, Estados Unidos. – El nuevo arancel global del 15 % impuesto por el presidente Donald Trump entró en vigor este martes como una medida temporal, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidara una parte sustancial del esquema de gravámenes aplicado bajo su política comercial.
El mandatario anunció la disposición el pasado viernes durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde cuestionó la decisión del Supremo que, por seis votos contra tres, anuló los llamados aranceles “recíprocos” y otras medidas adoptadas al amparo de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), norma utilizada como fundamento jurídico para imponer restricciones comerciales.
Inicialmente, Trump comunicó la aplicación de un arancel general del 10 %, porcentaje que fue elevado a 15 % un día después, como parte de lo que describió como “alternativas poderosas” frente al revés judicial.
La decisión del alto tribunal limita el alcance de la estrategia arancelaria sustentada en la IEEPA, al considerar inválidos varios de los gravámenes establecidos bajo esa legislación.
El fallo representa un punto de inflexión en la política comercial del Ejecutivo y obliga a redefinir el marco legal para futuras medidas.
La entrada en vigor del nuevo arancel global ha generado incertidumbre entre los principales socios comerciales de Estados Unidos, particularmente aquellos países que habían negociado condiciones preferenciales en el contexto de la guerra comercial impulsada por la administración republicana.
Algunos gobiernos han reaccionado con cautela. En el caso de Brasil, uno de los países que figuraba entre los más afectados por los gravámenes ahora suspendidos, autoridades valoraron como positivo el establecimiento de un arancel uniforme que los coloca en igualdad de condiciones respecto a otros exportadores.
El escenario abre una nueva etapa en la política arancelaria estadounidense, marcada por el reajuste normativo tras la decisión del Supremo y por la necesidad de redefinir el alcance de las herramientas comerciales del Ejecutivo.
