El órgano acusador impugnó la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado y pidió el endurecimiento de las penas contra los principales imputados del entramado de corrupción.
Santo Domingo. – El Ministerio Público de la República Dominicana depositó un recurso de apelación contra la sentencia que condenó a Juan Alexis Medina Sánchez a siete años de prisión, al considerar que la pena impuesta resulta desproporcionada frente a la magnitud de los hechos probados en el proceso por corrupción administrativa.
La apelación fue presentada ante la Presidencia de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y procura que a Medina Sánchez se le imponga una condena de 20 años de prisión, además del pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos y la aplicación de la degradación cívica, conforme a las disposiciones del Código Penal.
La información fue ofrecida por la procuradora de Corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, quien explicó que el recurso busca revertir tanto la pena impuesta al principal imputado como las absoluciones dictadas a favor de varios procesados por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar, Giselle Soto y Clara Castillo.
Solicitudes de condenas y penas agravadas
Además de Medina Sánchez, el Ministerio Público solicitó que a José Dolores Santana Carmona se le impongan 15 años de prisión, una multa de 400 salarios mínimos y la degradación cívica.
En el caso de Fernando Aquilino Rosa Rosa, absuelto en primera instancia, el órgano acusador pidió una condena de diez años de prisión, una multa de 400 salarios mínimos y la degradación cívica.
Para Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis Medina Sánchez, y para Wacal Vernabel Méndez Pineda, el Ministerio Público solicita diez años de prisión, multa de 400 salarios mínimos y degradación cívica. Asimismo, para Carlos José Alarcón, Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez, el órgano acusador requiere penas de diez años de reclusión mayor y multas de 200 salarios mínimos.
En cuanto a Ramón Brea Morel, el Ministerio Público pidió una condena de cinco años de prisión y multa de 200 salarios mínimos. Para Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco y Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, solicitó cinco años de prisión, multa de 200 salarios mínimos y degradación cívica.
Respecto a Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, se solicitó una pena de dos años de prisión suspendida y degradación cívica, mientras que para Rafael Antonio Germosén Andújar el órgano acusador pidió cinco años de prisión suspendida, multa de 200 salarios mínimos y degradación cívica.
Medidas contra empresas vinculadas al proceso
El Ministerio Público también solicitó sanciones contra las personas jurídicas Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atención Femenina (CEMERAF), S.R.L.; Editorama, S.A.S.; R&T Construcciones e Inversiones, S.R.L., incluyendo la prohibición de contratar con el Estado, su disolución, clausura y cierre definitivo, así como la cancelación de licencias y autorizaciones administrativas, además de una multa de 200 salarios mínimos.
Decisión del tribunal en primera instancia
En la sentencia apelada, el tribunal estableció que la recolección de pruebas se realizó conforme al debido proceso y declaró culpable a Juan Alexis Medina Sánchez por soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores, imponiéndole una pena de siete años de prisión.
Asimismo, el tribunal condenó a José Dolores Santana Carmona a seis años de prisión y a cinco años a Wacal Vernabel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, Paola Mercedes Molina y Víctor Matías Encarnación Montero. Los procesados Juan Alexis Medina Sánchez, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernabel Méndez Pineda, Paola Mercedes Molina y Rigoberto Alcántara Batista, junto a varias empresas, fueron condenados al pago de 500 millones de pesos al Estado dominicano.
La sentencia dispuso que los condenados cumplan la pena en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal, además del pago de las costas penales.
En virtud de un acuerdo con el Ministerio Público, Víctor Matías Encarnación Montero fue condenado a cinco años de prisión, con suspensión de la pena bajo reglas impuestas por el tribunal, además del pago de las costas penales y una multa de 500 mil pesos.
Finalmente, fueron absueltos Fernando Rosa, Carmen Magalys Medina Sánchez, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén Andújar, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Pachristy Emmanuel Ramírez, Carlos José Alarcón, Libni Arodi Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, José Idelfonso Correa Martínez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez. Las empresas CEMERAF y Editorama también fueron absueltas del delito de lavado de activos y liberadas del pago de las costas penales.
