El órgano acusador presentó ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional su solicitud de condenas contra 30 personas físicas y 18 jurídicas vinculadas al denominado caso Coral.
Santo Domingo. – El Ministerio Público solicitó este jueves ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la imposición de penas que alcanzan hasta 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos contra varios oficiales de alto rango y civiles acusados de integrar una estructura de corrupción administrativa que habría defraudado al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones durante el pasado gobierno de Danilo Medina.
La solicitud fue presentada por un equipo de fiscales encabezado por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), durante la fase de conclusiones del proceso conocido como caso Coral.
El Ministerio Público pidió 20 años de prisión y multas equivalentes a 400 salarios mínimos para los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola, así como para el coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.
Asimismo, solicitó condenas de 15 años de prisión y multas de 300 salarios mínimos contra Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, además de Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
Para otros imputados, el Ministerio Público requirió penas de 10 años de prisión y multas de 200 salarios mínimos, mientras que para un grupo adicional solicitó condenas de cinco años de prisión acompañadas de sanciones económicas, conforme al grado de participación atribuido a cada uno dentro de la red.
A su salida de la audiencia, Mirna Ortiz afirmó que el órgano acusador logró demostrar cada una de las imputaciones formuladas desde el inicio del proceso, apoyándose en un amplio cúmulo probatorio. Señaló que las penas solicitadas se encuentran dentro de los márgenes legales y responden a la responsabilidad individual de los acusados.
Instituciones afectadas por el fraude
De acuerdo con la acusación, los fondos sustraídos provendrían del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani). Cáceres Silvestre se desempeñó como jefe del Cusep durante los gobiernos de Medina, organismo encargado de la seguridad presidencial.
En su pedimento, el Ministerio Público solicitó la clausura, suspensión de operaciones y disolución de la entidad Iglesia Bautista Vida Eterna, así como sanciones económicas contra varias empresas vinculadas al expediente. También pidió la disolución de Rawel Importadores S.R.L. y la imposición de una multa de RD$10 millones.
El órgano persecutor requirió, además, el decomiso de bienes incautados, entre ellos villas, viviendas, vehículos de lujo y otros activos. Según se informó, los bienes ocupados incluyen más de 200 inmuebles, decenas de vehículos de alto cilindraje y sumas significativas de dinero en efectivo, así como ingresos generados por alquileres y actividades agrícolas.
Respecto al mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, el Ministerio Público solicitó al tribunal que tome en cuenta la cooperación ofrecida durante la investigación, proponiendo que el tiempo cumplido bajo arresto domiciliario sea computado como parte de la pena, con el resto de la condena suspendida bajo condiciones específicas.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Giselle Méndez e integrado además por las juezas Jissel Naranjo y Tania Yunes, fijó la continuación de la audiencia para el próximo martes 10, fecha en la que se prevé la continuación de los debates finales del proceso.
