El ambientalista afirmó que la sentencia contradice la Constitución y leyes ambientales, y será impugnada ante instancias superiores.
Santo Domingo. – El académico, activista y ambientalista Luis Carvajal calificó como “absurda” y jurídicamente improcedente la decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena modificar los límites del Parque Nacional Jaragua, al considerar que representa un retroceso en la protección de las áreas protegidas y responde a antiguos reclamos sobre terrenos que pertenecen al Estado dominicano.
Durante su participación en el programa televisivo Matutino Su Mundo, Carvajal explicó que la controversia se origina en una sentencia emitida de manera acelerada por el TSA, mediante la cual se instruye al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reconfigurar los mapas oficiales del parque para excluir determinados terrenos. Según recordó, dichas áreas han sido objeto de múltiples decisiones judiciales previas que ratifican su condición de propiedad estatal.
“El fallo es un absurdo de una magnitud enorme. Choca con el artículo 67 de la Constitución, que consagra el principio de progresividad, estableciendo que los límites de un área protegida solo pueden ser reducidos con el voto favorable de las dos terceras partes del Congreso”, expresó el ambientalista durante la entrevista.
Carvajal sostuvo que la decisión también entra en contradicción con disposiciones de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Ley 202, normativas que establecen el carácter público e intransferible de las áreas protegidas.
Indicó que, a su entender, el tribunal excedió sus atribuciones al ordenar un cambio de ordenamiento territorial, una facultad que corresponde al ámbito legislativo.
Reclamos históricos sobre terrenos del parque
El ambientalista señaló que la sentencia intenta dar validez a un reclamo de propiedad atribuido a la familia Gadala María sobre terrenos que anteriormente pertenecieron a la familia Trujillo y que fueron nacionalizados por el Consejo de Estado.
Recordó que dicho reclamo ha sido rechazado en distintas instancias judiciales, incluyendo tribunales ordinarios y el Tribunal de Tierras.
“Cada vez que han ido a los tribunales han perdido ese juicio. Incluso fracasaron cuando se sumaron a los supuestos adquirentes de buena fe en el marco del falso asentamiento agrícola que generó amplio debate público”, indicó Carvajal.
Asimismo, cuestionó la viabilidad técnica del fallo, al señalar que ordena modificar los mapas del parque sin establecer coordenadas ni referencias geográficas precisas, lo que, a su juicio, dificulta cualquier intento de ejecución material de la decisión.
“Ordena modificar un mapa sin colocar una sola coordenada ni ninguna referencia de carácter geográfico”, afirmó.
Acciones legales anunciadas
Carvajal informó que la sentencia será impugnada por la Coalición por la Defensa de las Áreas Protegidas, el Ministerio de Medio Ambiente y diversas organizaciones ambientalistas. Indicó que, de ser necesario, el caso será llevado ante el Tribunal Constitucional.
Finalmente, advirtió que este tipo de decisiones forma parte de una práctica recurrente orientada a la apropiación de bienes públicos, al recordar intentos previos de ocupación en zonas como Bucanyé y otros reclamos basados en supuestos títulos sobre extensiones significativas dentro de áreas protegidas del país.
