El fallo afecta la concesión otorgada a Panama Ports Company para operar los puertos de Balboa y Cristóbal, en medio de tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China.
Ciudad de Panamá. – El Tribunal Supremo de Panamá declaró inconstitucional el contrato que otorgó al conglomerado hongkonés CK Hutchison la operación de dos puertos estratégicos próximos al Canal de Panamá, una concesión establecida en 1997 y prorrogada posteriormente.
La decisión fue adoptada por el pleno de la Corte tras analizar las demandas de inconstitucionalidad presentadas por la interventora general, Anel Flores, contra la ley que sustenta el contrato, sus adendas y el acto de prórroga. En una publicación oficial, el tribunal informó que, luego de una “amplia deliberación y discusión”, resolvió declarar inconstitucional el marco legal que rige la concesión, en cumplimiento de su rol como garante de la Constitución.
El fallo se refiere específicamente al contrato de concesión entre el Estado panameño y la sociedad Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, para el desarrollo, construcción, operación y administración de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, ubicadas en puntos clave del tránsito marítimo interoceánico.
La decisión judicial se produce en un contexto de creciente tensión entre Washington y Pekín por la influencia en infraestructuras estratégicas del comercio mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cuestionado en reiteradas ocasiones la presencia china en torno al Canal de Panamá, llegando a advertir sobre una eventual intervención estadounidense, argumentos que han sido rechazados por el presidente panameño, José Raúl Mulino, quien ha defendido la soberanía plena de Panamá sobre la vía interoceánica.
La interventora general argumentó que la última prórroga del contrato habría generado pérdidas superiores a los 1,000 millones de dólares en ingresos fiscales para el Estado panameño y que la empresa no contaba con las autorizaciones requeridas para beneficiarse de la extensión contractual.
La sentencia del Tribunal Supremo es inapelable, lo que limita las opciones legales de CK Hutchison a una eventual solicitud de aclaración del fallo o a la activación de mecanismos de arbitraje internacional. La decisión también impacta los planes de la compañía, que había contemplado ceder la operación de los puertos como parte de su negocio global de terminales a un consorcio liderado por el fondo estadounidense BlackRock y la empresa italiana Terminal Investment.
El fallo podría obligar al Estado panameño a reestructurar el marco legal de las concesiones portuarias y abrir la puerta a nuevas licitaciones para la operación de las terminales de Balboa y Cristóbal.
En reacción a la decisión, Panama Ports Company rechazó el dictamen del tribunal, señalando que carece de fundamento legal y que pone en riesgo la estabilidad económica de miles de familias que dependen directa e indirectamente de la actividad portuaria, según expresó la empresa en un comunicado.
