La normativa introduce controles más estrictos, uso obligatorio del sistema electrónico y un régimen de consecuencias reforzado para prevenir la corrupción en las compras del Estado.
Santo Domingo. – La Ley 47-25 de Contrataciones Públicas entró en vigor este martes, una vez agotado el plazo de 180 días establecido tras su promulgación el 28 de julio del año pasado por el presidente Luis Abinader, informó la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Con la entrada en vigencia de la ley, el mandatario encabezará hoy en el Palacio Nacional el acto de firma del decreto que aprueba el Reglamento de Aplicación General, instrumento que, según la DGCP, traduce los principios de la normativa en acciones concretas y define con claridad los estándares, plazos y responsabilidades que deberán observar los actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.
Desde el órgano rector se explicó que el reglamento constituye una pieza clave para la correcta ejecución del nuevo marco legal, al establecer las reglas operativas que regirán los procesos de compras y contrataciones en las instituciones públicas sujetas a su ámbito de aplicación.
Implementación gradual de la normativa
De acuerdo con la DGCP, la entrada en vigor de la Ley 47-25 marca el inicio de un proceso de implementación gradual, que incluye una etapa de capacitación y acompañamiento técnico a las unidades de compras de las instituciones públicas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento progresivo de la legislación.
“El despliegue gradual asegura que cada etapa cuente con el respaldo reglamentario necesario, brindando certeza y pasos claros para todos los actores del sistema”, expresó en un comunicado el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
Nuevas exigencias y uso obligatorio del sistema electrónico
La Ley 47-25 introduce cambios sustanciales al régimen de compras públicas, entre ellos el endurecimiento del régimen de consecuencias para prevenir y sancionar prácticas de corrupción, así como el establecimiento de nuevas modalidades de contratación.
La normativa dispone, además, el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) como plataforma para la gestión de los procesos.
El marco legal incorpora también criterios medioambientales y de sostenibilidad en las contrataciones del Estado y contempla medidas orientadas a fortalecer la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en el sistema de compras públicas, de acuerdo con lo informado por la DGCP.
