La medida deroga la designación de Rafael Féliz García y se produce en medio de una investigación por denuncias de descuentos salariales indebidos.
Santo Domingo. – El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso la destitución del rector del Instituto Tecnológico de las Américas (Instituto Tecnológico de las Américas), Rafael Féliz García, mediante el Decreto núm. 39-26.
De acuerdo con el artículo 1 de la disposición presidencial, queda derogado el artículo 13 del Decreto núm. 390-24, del 17 de julio de 2024, mediante el cual Féliz García había sido designado como rector de esa institución de educación superior. La decisión se enmarca dentro de las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo y responde a procesos de evaluación y fortalecimiento institucional impulsados por el Gobierno.
La destitución se produce luego de que saliera a la luz una denuncia pública sobre presuntos descuentos salariales indebidos en el ITLA. El señalamiento fue realizado por la periodista Nuria Piera, quien expuso la existencia de cobros equivalentes al 5 % del salario mensual a más de 40 empleados, presuntamente destinados a financiar el movimiento político denominado “Jóvenes Unidos por el Cambio”.
Ante la denuncia, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental) acogió de inmediato la solicitud del entonces rector del ITLA para la revisión de los procesos internos relacionados con la gestión de personal, nómina y controles administrativos.
Féliz García aseguró que no existía disposición institucional, instrucción administrativa ni procedimiento de nómina que autorizara descuentos o retenciones con fines ajenos a la institución, y explicó que la solicitud a la DIGEIG tenía como propósito garantizar el estricto apego al marco ético y prevenir prácticas incompatibles con los principios del servicio público.
La directora general de la DIGEIG, Milagros Ortiz Bosch, informó que el caso fue referido de inmediato a la Dirección de Denuncias e Investigación del organismo, activando los mecanismos institucionales correspondientes conforme a la ley y los procedimientos establecidos.
Ortiz Bosch indicó que la revisión busca asegurar la integridad, la transparencia y la buena administración en la institución, así como prevenir cualquier forma de presión indebida que atente contra los principios que rigen la función pública.
La disposición presidencial se produce mientras los organismos competentes continúan con las indagatorias relacionadas con las denuncias formuladas, en el marco de las políticas gubernamentales orientadas al control ético y la institucionalidad en el sector público.
