La medida preventiva busca evitar conflictos de interés y garantizar la transparencia en los procesos de contratación gubernamental.
Santo Domingo. – La Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió a 300 funcionarios del Registro de Proveedores del Estado al encontrarse bajo el régimen de incompatibilidad establecido por la ley, lo que les impide suscribir contratos con el Gobierno mientras ocupen cargos públicos.
El director de la institución, Carlos Pimentel, explicó que la suspensión constituye una medida de carácter preventivo, orientada a evitar conflictos de interés e irregularidades administrativas dentro de los procesos de contratación pública.
De acuerdo con lo informado, la disposición alcanza tanto a funcionarios electos como designados, entre ellos senadores, diputados, alcaldes, ministros, regidores y vocales, quienes fueron excluidos del registro mientras permanezcan en el ejercicio de funciones públicas.
La Dirección de Contrataciones Públicas indicó que la medida se adopta en cumplimiento del marco legal vigente, como parte de los mecanismos de control destinados a preservar la integridad, la legalidad y la correcta administración de los recursos del Estado en los procesos de compras y contrataciones.
