Familiares de las víctimas acudieron al Palacio de Justicia y reiteraron su reclamo de justicia por las 236 personas fallecidas tras el colapso del establecimiento.
Santo Domingo. – El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el 16 de marzo la audiencia preliminar prevista para este lunes contra los propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo colapso en abril de 2025 dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.
La audiencia, celebrada en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional, tenía como objetivo determinar si existen elementos suficientes para enviar el proceso a juicio de fondo. La decisión de aplazamiento fue adoptada por el tribunal responsable del caso, sin que se ofrecieran mayores detalles sobre las razones procesales.
Antonio Espaillat, propietario y gerente del establecimiento, y su hermana Maribel Espaillat, quien fungía como administradora, se presentaron ante el tribunal.
Ambos fueron arrestados en el marco de la investigación por homicidio involuntario y posteriormente dejados en libertad condicional, tras el pago de una fianza aproximada de 842,500 dólares.
A la llegada de los imputados, un grupo reducido de familiares y allegados de las víctimas se concentró en las inmediaciones del Palacio de Justicia, portando pancartas con consignas en demanda de sanciones penales. Entre los mensajes exhibidos se leían reclamos dirigidos a las autoridades y llamados a que el caso no quede impune.
El colapso del techo de la discoteca ocurrió en la madrugada del 8 de abril de 2025, mientras se desarrollaba una presentación artística del merenguero Rubby Pérez, quien perdió la vida en el siniestro junto a uno de los músicos de su orquesta y cientos de asistentes.
Durante la jornada, Secundino Pérez, comerciante de 75 años que afirmó haber perdido a 12 amigos en la tragedia, expresó que los familiares no persiguen compensaciones económicas, sino justicia para las víctimas.
En tanto, Edgar Gómez, quien perdió a su hija en el colapso, cuestionó que los imputados hayan permanecido en libertad durante el proceso.
El Ministerio Público sostiene que los acusados alteraron de manera significativa la estructura del local, comprometiendo su seguridad. En noviembre presentó acusación formal y solicitó la apertura a juicio, al considerar que existió una conducta negligente prolongada en el manejo y adecuación del inmueble.
La audiencia preliminar fue reprogramada para el 16 de marzo, fecha en la que el tribunal evaluará los elementos presentados por la acusación para decidir la continuación del proceso judicial.
